Los presidentes no hacen visitas privadas

Por Marcos Calligaris

Javier Milei viajó a San Pablo para participar de la convención en la que Flávio Bolsonaro lanzó su candidatura presidencial. Desde el escenario, apoyó al dirigente opositor, se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva como el "presidiario", habló del "riesgo Lula", vinculó a su gobierno con los "socialistas ladrones" y pidió detener a la "basura socialista". De yapa, llamó "basura calva" a Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, que no había autorizado su visita a Jair Bolsonaro.

La respuesta brasileña fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al embajador argentino para pedir explicaciones y llamó a consultas a su representante en Buenos Aires. Consideró que Milei había agraviado al jefe de Estado, al Poder Judicial, a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño.

El episodio es serio, aunque la historia bilateral conoció enfrentamientos mucho más graves en términos militares y estratégicos. Las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil estuvieron en guerra entre 1825 y 1828; Brasil integró y apoyó militarmente la coalición encabezada por Justo José de Urquiza que derrotó a Juan Manuel de Rosas en Caseros; y, durante la década de 1970, los dos países mantuvieron una prolongada controversia por el aprovechamiento del río Paraná y la compatibilidad entre los proyectos hidroeléctricos de Itaipú y Corpus.

La singularidad de la crisis actual no está, entonces, en su gravedad material. Está en el deterioro de una regla construida durante los últimos cuarenta años: las diferencias ideológicas no debían colocarse por encima de la relación entre los Estados.

La propia Cancillería brasileña definió el viaje de Milei como una visita privada. En términos protocolares, pudo haberlo sido. Los presidentes pueden descansar, visitar amigos o participar de actividades ajenas a una agenda bilateral.

Lo que difícilmente puede existir es una intervención política privada de un jefe de Estado.

Cuando un presidente sube a un escenario, respalda a un candidato, cuestiona al gobierno anfitrión o se pronuncia sobre su Justicia, la investidura vuelve a hacerse presente. El viaje puede conservar su carácter privado en la agenda oficial, pero deja de serlo en sus consecuencias.

Lula debería saberlo.

En julio de 2025, durante una visita a Argentina por una cumbre del Mercosur, el presidente brasileño fue al departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por una condena de seis años confirmada por la Corte Suprema.

Presentó el encuentro como el gesto afectuoso de un amigo, pero lo convirtió también en un pronunciamiento político. Expresó su solidaridad con la expresidenta, trazó un paralelismo con su propia detención y respaldó la interpretación de que Cristina había sido víctima de una persecución judicial.

Aquella visita tampoco fue políticamente neutra. Lula tomó posición frente a una sentencia de la Justicia argentina y frente a una de las disputas centrales de la vida pública local.

Milei llevó esa lógica más lejos. No se limitó a visitar a un aliado o a manifestarle apoyo: participó directamente del lanzamiento de una candidatura presidencial y atacó, desde territorio brasileño, al mandatario en ejercicio y a un integrante de otro poder del Estado.

Las dos conductas no tienen la misma intensidad, pero comparten un problema de origen: la dificultad para separar las afinidades partidarias de las responsabilidades institucionales.

El episodio deja al descubierto, además, una doble vara demasiado frecuente en la política latinoamericana.

Cuando Lula visitó a Cristina, buena parte del progresismo regional habló de amistad, solidaridad y lucha contra el llamado 'lawfare'. Cuando Milei respaldó a Flávio Bolsonaro, el gobierno brasileño denunció una intromisión inadmisible en sus asuntos internos.

En el campo contrario ocurre algo parecido. Quienes cuestionaron la intervención de Lula relativizan ahora la participación de Milei, como si un antecedente pudiera legitimar cualquier respuesta posterior.

De esta manera, la injerencia extranjera parece juzgarse menos por lo que hace un presidente que por el sector político al que beneficia. La soberanía se convierte en un principio absoluto cuando gobiernan los amigos y en una formalidad prescindible cuando gobiernan los adversarios.

No es la primera vez que la confrontación ideológica de Milei provoca tensiones internacionales. En España, su participación en un acto de Vox derivó en una crisis con el gobierno de Pedro Sánchez y en el llamado a consultas de la embajadora española. La escalada, sin embargo, había comenzado cuando el ministro Óscar Puente insinuó que el presidente argentino consumía sustancias.

Con Gustavo Petro, la disputa venía de antes. En agosto de 2023, cuando Milei todavía era candidato, el presidente colombiano comparó una de sus declaraciones sobre los socialistas con el discurso de Hitler. Ya en la Presidencia, Milei lo llamó "terrorista", "asesino" y "comunista", y Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos, aunque pocos días después ambas cancillerías acordaron recomponer el vínculo.

También hubo un fuerte cruce con Andrés Manuel López Obrador. Milei calificó de "ignorante" al entonces presidente mexicano y este respondió cuestionando la decisión de los argentinos de elegirlo. En ese caso, los dos gobiernos negaron que existiera una crisis diplomática y mantuvieron sin cambios la relación bilateral. La relación con Venezuela llegó aún más lejos: después de que el gobierno argentino desconociera el resultado electoral anunciado por el chavismo en 2024, Caracas expulsó a los diplomáticos argentinos y rompió el vínculo bilateral.

Los antecedentes muestran que las confrontaciones no nacen en el vacío ni siempre de un solo lado. Milei entiende la política internacional como parte de una disputa más amplia entre la libertad y el socialismo. Sus adversarios también participan de esa batalla y, en algunos casos, fueron quienes iniciaron los agravios.

No se le puede exigir al presidente argentino que renuncie a sus convicciones ni que trate al socialismo latinoamericano como una diferencia secundaria. Se puede cuestionar con firmeza el estatismo del Partido de los Trabajadores, su cercanía con el kirchnerismo y sus alianzas regionales.

Una diplomacia democrática no tiene por qué carecer de ideas. Pero debe distinguir entre la defensa de esas ideas y los intereses permanentes del país.

Ese es el verdadero dilema: cómo librar una batalla ideológica internacional sin convertir a la Presidencia argentina en una herramienta de las campañas electorales de sus aliados.

Lula no puede reclamar respeto irrestricto por la soberanía brasileña después de haber tomado posición frente a la política y la Justicia argentinas. Milei tampoco puede ignorar que, cuando habla en el extranjero como jefe de Estado, sus palabras dejan de pertenecer solamente a la batalla cultural y pasan a integrar la política exterior nacional.

La relación entre Argentina y Brasil es demasiado importante para quedar sometida a las afinidades personales de sus presidentes. Desde la Declaración de Iguazú, firmada por Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985, ambos países construyeron una política de integración que permitió superar una larga historia de rivalidad.

Milei y Lula representan proyectos opuestos. Tienen derecho a discutir sobre libertad, socialismo, integración regional, Estados Unidos, China o el futuro del Mercosur.

Pero una intervención política nunca es completamente privada cuando quien la realiza ocupa la Presidencia.

Los presidentes tienen amigos, adversarios y preferencias. Los países, en cambio, tienen intereses y, parafraseando a Lord Palmerston, son esos intereses —no las amistades ni las enemistades personales— los que deben orientar su política exterior.

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