Morosidad: se viene el show del buenismo en Diputados

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Por Adrián Simioni

Finalmente, Diputados sesionó. La oposición consiguió el quórum para impulsar el tratamiento de medio centenar de proyectos sobre endeudamiento y morosidad, un problema que alcanza a casi seis millones de personas en la Argentina. El oficialismo, puesto contra la pared porque la sesión iba a realizarse de todos modos, bajó al recinto y acompañó el cronograma de trabajo en comisiones.

De todas maneras, Javier Milei conserva la posibilidad de recurrir a un veto si finalmente se sanciona una ley que rechaza. Y está mejor parado que el año pasado para sostenerlo: con alrededor de 95 votos, siempre que consiga reunir esos apoyos, tiene margen para impedir que Diputados lo revierta.

Todavía no está claro qué terminará saliendo de ese conjunto de iniciativas. Hay de todo. El riesgo es que prospere un proyecto que imponga un tope a las tasas de interés, que frene los embargos o que disponga algún rescate para los deudores morosos con costo fiscal o asistencia del Banco Central. Por una vía u otra, alguien termina pagando.

Son esas expresiones de buenismo que pueden generar más daño que el alivio que procuran. Ejemplos sobran. La ley de alquileres es uno muy concreto. También aparece esa lógica en materia de inseguridad: por ser buenista con uno, se deja en banda al resto. O cuando el Estado multiplica sueldos, contratos y subsidios para atender la pobreza, pero después financia ese gasto con emisión y genera una inflación que termina empobreciendo más.

Queriendo hacer el bien, se hace muy bien el mal. Ahí está el riesgo.

En esta discusión se pierde de vista que el sistema financiero argentino, como buena parte de la economía, está en reconversión. Quienes prestan, acostumbrados durante años a financiar al Estado, tienen que salir a buscar clientes y aprender a evaluar a quién darle crédito.

Del otro lado también hay un aprendizaje. Los que tomaban préstamos eran relativamente pocos, porque el sistema financiero argentino es raquítico. Y se manejaban dentro de un régimen inflacionario que podía licuar buena parte del peso de las cuotas, en la medida en que sus ingresos acompañaran la suba de precios.

Además, una parte importante de la población tiene poca experiencia con el crédito formal. Todo eso se modifica cuando las tasas de interés pasan a ser positivas en términos reales: la inflación deja de hacer el trabajo que muchos esperaban que hiciera.

Un informe de la consultora Econviews señala que la mitad de los casi seis millones de morosos ya tenía crédito y estaba al día dos años antes. Ese grupo concentra el 84,4% del saldo irregular. Otro 25,6% no tenía deuda en aquel momento. El diagnóstico oficial, cuando concentra la explicación en la inexperiencia de los nuevos deudores y sus malas decisiones, es parcial.

Ahora bien, haber sido cliente del sistema financiero durante un régimen inflacionario tampoco significa saber manejarse en otro con tasas reales positivas. El cambio alcanza a quienes recién entran y a quienes ya estaban adentro. Ese proceso de adaptación es una parte del problema, aunque no explica por sí solo toda la morosidad.

También hay que mirar qué hicieron los prestamistas. Bancos y billeteras virtuales salieron a ofrecer créditos de montos bajos a muchísima gente. En ese universo tienen un lugar importante los jóvenes. Según Econviews, entre los morosos menores de 25 años la deuda mediana es de $280.000: la mitad debe hasta ese monto.

Es menos que un salario mínimo, vital y móvil, que en septiembre está en $383.800 y que, además, está por el piso como referencia de ingresos.

Desde una mirada comercial, esa expansión también puede leerse como una forma de estudiar el mercado. Las empresas pusieron capital, prestaron y obtuvieron información concreta sobre quién paga, quién se atrasa y cómo se comporta cada cliente. Esa información les sirve para decidir a quién volver a prestarle y cómo disputar el mercado en un sistema que se está transformando.

Bancos y billeteras tienen herramientas para gestionar esas pérdidas. Pueden vender las carteras de deudas, derivar la cobranza a estudios jurídicos o renegociar con los clientes. Por una deuda de $280.000, incluso, el costo de un juicio puede volver más conveniente un acuerdo. Hay espacio para la renegociación.

Claro que se pueden hacer cosas desde el Estado. Muchas.

Por ejemplo, revisar los criterios con los que se incorpora a los deudores a las centrales de riesgo y, sobre todo, agilizar la actualización de los registros cuando una persona regulariza su situación. Si se puso al día, esa mejora debe reflejarse cuanto antes para que pueda recuperar el acceso al crédito.

También pueden bajar impuestos. Muchos de los diputados que impulsan estos proyectos podrían pedirles a los gobernadores y a los intendentes a los que responden que reduzcan la carga tributaria sobre los préstamos. Provincias y municipios cobran un verdadero impuestazo que encarece el financiamiento. Ahí tienen una medida concreta para aliviar a quienes necesitan pedir dinero.

Hay mucho por hacer. Pero la morosidad no puede convertirse en el justificativo para complicar un sistema financiero que está buscando su lugar en la Argentina y que el país necesita.

Limitar las tasas por decreto, frenar de manera generalizada los mecanismos de cobro o trasladar las pérdidas al Estado puede terminar restringiendo todavía más el crédito. Y el costo también lo van a pagar quienes cumplieron con sus deudas y quienes todavía no pidieron un préstamo.

Todos ellos seguirán careciendo de lo que la Argentina necesita desde hace décadas: un sistema financiero solvente, capaz de prestar.

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