La desastrosa costumbre de burlar las leyes

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Por Sergio Suppo

Quisiera recordar algo que a veces se nos pasa por alto: la Argentina es un país federal, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de las leyes nacionales las tiene que aplicar cada uno de los distritos provinciales.

Este es un caso típico: la aplicación de una reforma al Código Penal, por la cual se establece que son imputables los menores desde los 14 años, tiene que pasar por el tamiz de los criterios procesales, las estructuras judiciales orgánicas y las infraestructuras carcelarias o centros de alojamiento de cada provincia.

El sinsentido planteado por la jueza Pascual abre una posibilidad insólita. Un menor puede cometer un delito en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad, con La Pampa, Santa Fe o Córdoba. Cuando la ley entre en vigencia —lo cual es inminente—, si comete el delito dentro del territorio bonaerense, va a seguir siendo impune por 60 días según el criterio de la magistrada. Cruzando el límite, en cambio, a ese mismo chico lo van a meter preso si cometió un hecho grave o gravísimo.

Tiempo hubo de sobra para que cada una de las provincias adecue los centros de detención o residencia que considerara necesarios. Es cierto que la infraestructura de seguridad en la Argentina es siempre deficitaria, porque el aumento de los casos de inseguridad y de detenidos no fue acompañado por la construcción de cárceles ni de centros para menores. Nadie imagina en este país que un menor deba ir a un penal de adultos; eso también sería un sinsentido.

Ahora bien, esta discusión se viene dando desde hace décadas y no es, aunque se la pretenda mostrar como tal, un debate de carácter ideológico. Si miramos un poco más allá de nuestras narices, encontramos países tildados de "progresistas" con edades de imputabilidad más bajas que la nuestra, y países conservadores con edades más altas. Aquí, solo aquí, se insiste en darle pretensiones ideológicas.

El kirchnerismo aparece de un lado y enfrente hay sectores variados que consideran necesario terminar con la puerta giratoria para chicos que, en muchos casos, son mandados a delinquir precisamente porque hasta ahora no sufrían consecuencias ni imputaciones.

Bien sabemos que existen organizaciones delictivas que utilizan a menores por su condición de impunidad.

A todo esto se le suma la estupidez de la jueza Pascual. Esperemos que no se repliquen fallos similares en otros puntos del territorio.

La Argentina es un país federal con una ley nacional y 23 formas distintas de aplicarla.

Ojalá se ejecute desde el sentido común y sin las excusas de la falta de tiempo para montar la infraestructura necesaria, porque tiempo sobró: la discusión fue larguísima, todos sabían que la norma se iba a votar y la propia ley fijó un plazo de adecuación que ya está llegando a su fin.

Es hora, finalmente, de que seamos un poco más serios.

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