Perú: Congreso decide que delitos de uniformados sean juzgados por tribunales militares

LIMA — El Congreso de Perú ha dejado en manos del presidente interino José Balcázar la decisión sobre un proyecto de ley que propone que los delitos cometidos por uniformados, incluyendo asesinatos, violaciones sexuales, torturas y coimas, sean juzgados exclusivamente por tribunales militares, en lugar de los tribunales civiles como es la práctica actual.

La votación a favor del proyecto fue respaldada por 52 legisladores de diversas agrupaciones políticas, entre ellos miembros del partido Fuerza Popular, vinculado a la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori. La norma también estipula que la Corte Suprema debe priorizar los tribunales militares sobre los civiles en caso de que haya un juicio previo en la vía civil contra un policía o militar.

El presidente Balcázar dispone de un plazo de 15 días para promulgar la ley o devolverla con correcciones. En caso de que no tome ninguna decisión, el Parlamento puede proceder a aprobarla automáticamente. Hasta el momento, el presidente no ha realizado comentarios sobre este asunto y la oficina presidencial no ha respondido a solicitudes de información al respecto.

A pesar de la impopularidad del parlamento peruano, la norma fue aprobada a pesar de las objeciones planteadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El comisionado Volker Turk expresó en sus redes sociales que "las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional".

Más de 300 uniformados, incluidos policías y militares, están siendo investigados por la fiscalía por su supuesta implicación en la muerte de 50 civiles y las lesiones de otros 716 durante las protestas ciudadanas contra la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), que se desataron tras el inicio de su mandato en diciembre de 2022.

Expertos advierten que estas investigaciones podrían verse comprometidas si se trasladan a la justicia militar. La coordinadora nacional de derechos humanos de Perú, que reúne a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, ha indicado que durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 1990, la justicia militar fue utilizada para archivar sistemáticamente casos de miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Según datos de una Comisión de la Verdad, el conflicto armado interno en Perú dejó alrededor de 70.000 muertos, siendo la mayoría de ellos peruanos de zonas rurales cuya lengua principal era el quechua y el ashaninka.

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