Medidas de protección en centros de votación en EE.UU. ante temor de intimidación

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. — Preocupados por la potencial presencia de agentes federales de inmigración en los centros de votación durante las elecciones legislativas de noviembre, los estados gobernados por el partido demócrata están adoptando medidas para evitar lo que consideran una táctica de intimidación hacia los votantes.

Nuevo México se ha convertido en el primer estado en prohibir la presencia de agentes armados en estos centros como respuesta a la política migratoria del presidente Donald Trump, y otras entidades están considerando medidas similares.

Estas acciones reflejan la profunda desconfianza que los gobiernos estatales demócratas sienten hacia el gobierno federal, el cual ha utilizado tácticas agresivas en temas migratorios, amenazando con el despliegue de fuerzas federales y aplicando recortes de fondos.

Las inquietudes aumentaron tras insinuaciones del presidente sobre la posibilidad de nacionalizar las elecciones federales, a pesar de que la Constitución establece que cada estado debe administrar sus comicios.

La Casa Blanca ha afirmado que no tiene planes de enviar agentes de inmigración a los centros de votación. En una reciente audiencia legislativa, los directores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza negaron tener planes de patrullar los centros de votación. La subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional para la integridad electoral, Heather Honey, también desmintió rumores sobre la presencia de agentes en las elecciones de este año.

A pesar de esto, un grupo de ocho secretarios de gobierno estatales ha exigido garantías por escrito al nominado para el puesto de secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar que el ICE no tendrá presencia en los centros de votación durante el ciclo electoral de 2026.

La ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en los centros de votación, salvo en casos de necesidad extrema. Sin embargo, legisladores y funcionarios demócratas siguen preocupados por posibles intentos del gobierno de Trump de interferir en las elecciones.

El representante estatal demócrata de Connecticut, Matt Blumenthal, coautor de un proyecto de ley estatal, expresó su temor a que el gobierno federal intente invocar una emergencia nacional para enviar agentes federales y así intimidar a los votantes. "No vamos a permitir que eso ocurra", afirmó.

En varios estados, incluyendo California y Rhode Island, se están considerando iniciativas similares para prohibir la presencia de agentes de inmigración en los centros de votación. En Virginia, se evalúa una iniciativa que podría restringir las acciones de los agentes federales a una distancia mínima de los centros de votación.

La nueva legislación de Nuevo México, que entrará en vigor en mayo, prohíbe cualquier orden que permita a personas armadas en centros de votación o en áreas relacionadas. Esta normativa se aplicará durante las primarias del estado, programadas para el 2 de junio. Las personas que se sientan intimidadas por la presencia de agentes federales podrán presentar demandas civiles.

Además, la ley prohíbe cambios en los requisitos de votación que entren en conflicto con la normativa estatal, en un contexto donde Trump ha presionado para imponer requisitos de prueba de ciudadanía a nivel nacional.

Las acciones de los estados podrían enfrentar desafíos legales debido a la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal.

Richard Hasen, director del proyecto Safeguarding Democracy de la Facultad de Derecho de UCLA, advirtió sobre un posible enfrentamiento entre los gobiernos estatales y el federal, señalando que existe un límite en lo que los estados pueden hacer debido a esta cláusula.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, expresó su desconfianza hacia el gobierno federal, citando esfuerzos del Departamento de Justicia por obtener información sobre votantes sin justificación. "No creo en el gobierno federal", afirmó. "Es nuestra responsabilidad garantizar elecciones libres y justas en Nuevo México", concluyó.

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