Juristas presentan informe sobre crímenes de lesa humanidad en El Salvador

SAN SALVADOR — Un grupo de juristas internacionales presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre alegaciones de crímenes de lesa humanidad en el contexto de un régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

El informe fue expuesto durante el 195to periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala, donde se afirmaron las bases razonables para considerar que, bajo este régimen, que se encuentra vigente desde marzo de 2022, "se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución".

Hasta febrero de 2025, se reportaron 540 casos de desapariciones forzadas y 403 muertes en cárceles, entre las que se incluyen cuatro niños, hasta agosto de ese mismo año.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) sostiene que hay "responsabilidad internacional" no solo del Estado salvadoreño, sino también de individuos, conforme a los principios del derecho penal internacional.

La oficina de prensa de Casa Presidencial no emitió comentarios sobre el informe, aunque el gobierno salvadoreño ha negado previamente las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como torturas y capturas arbitrarias. El vicepresidente Felix Ulloa aseguró que "es una leyenda" que los fallecimientos en las cárceles se deban al régimen de excepción, mientras que el gobierno destaca lo que considera una disminución histórica de homicidios en el país.

El GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, y persecución. "Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación", indica el documento, subrayando que estos actos fueron "generalizados" y "sistemáticos".

Asimismo, el informe resalta que el gobierno ha intentado deslegitimar a actores del espacio cívico, calificado a periodistas y organizaciones de derechos humanos como "enemigos del progreso del pueblo" o "traidores".

El grupo solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la creación de una misión internacional para investigar las violaciones de derechos humanos y garantizar justicia para las víctimas. También se recomendó establecer una comisión independiente para revisar los casos de personas detenidas y abordar la crisis carcelaria, además de poner fin al régimen de excepción.

El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 tras un aumento de violencia en el país, y desde su implementación, las autoridades han informado sobre la captura de 91.300 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Bukele ha afirmado que 8.000 de estas personas han sido liberadas por ser inocentes.

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