Juez federal frena despido de dos demócratas de la Junta de Supervisión de Privacidad

Un juez federal ha bloqueado la remoción de dos miembros demócratas de la Junta de Supervisión de la Privacidad y Libertades Civiles por parte del presidente Donald Trump. La decisión, emitida el miércoles por el juez del distrito Reggie B. Walton, pone fin a la demanda presentada por dos de los tres miembros despedidos en febrero.

La Junta, conformada por cinco integrantes, es una entidad independiente de vigilancia en el seno del poder ejecutivo. Establecida por ley tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, su función es garantizar que las políticas antiterroristas del gobierno mantengan un balance adecuado con la privacidad y libertades civiles.

Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, indicó en un correo electrónico a The Associated Press que "la Constitución confiere al presidente Trump la autoridad para remover personal que ejerce su poder ejecutivo" y añadió que la administración espera una resolución favorable en este tema.

El juez Walton, en su fallo, argumentó que permitir que el presidente despidiera a los miembros de la Junta a su discreción podría hacer que ésta estuviera sujeta a la misma autoridad que debería supervisar en representación del Congreso y del pueblo estadounidense.

"Sostener lo contrario sería consagrar el evidente intento del presidente de ejercer un poder más allá de lo que le confiere la Constitución, protegiendo las acciones antiterroristas del Poder Ejecutivo de la supervisión independiente y del escrutinio público", escribió Walton en su resolución.

Si bien la legislación que creó la Junta no otorga protecciones explícitas contra su remoción arbitraria, el juez concluyó que su estructura y función indican la intención del Congreso de limitar la capacidad del presidente para despedir a sus miembros.

Los exmiembros, Travis LeBlanc y Edward Felten, interpusieron una demanda en febrero solicitando al tribunal que declarara que los miembros no podían ser despedidos sin causa justificada. Afirmaron que, de no ser así, los integrantes temerían represalias por criticar al poder ejecutivo, lo que limitaría su capacidad de asesorar al Congreso de manera honesta e independiente.

El tercer miembro demócrata removido por Trump había estado próximo a finalizar su mandato de seis años y no presentó acción legal. Otro puesto en la Junta ya estaba vacante, quedando solo un integrante designado por los republicanos, lo que no alcanza el quórum necesario para que la entidad realice funciones significativas, como la elaboración de un informe en curso sobre la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

El subprocurador federal, Douglas Dreier, argumentó que otras juntas creadas por el Congreso sí cuentan con protecciones contra despidos y sugirió que el juez no debería implementar una protección que el Congreso omitió, puesto que sería equivalente a asumir un rol legislativo.

Esta historia fue elaborada por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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