El Tribunal argentino reafirma la obligación de aplicar la ley de financiamiento universitario

BUENOS AIRES — Un tribunal argentino ratificó el martes que el gobierno está obligado a aplicar una ley que incrementa el presupuesto destinado a las universidades públicas y los salarios de los docentes. Esta normativa había sido rechazada por el presidente Javier Milei, quien argumentó que podría desestabilizar las cuentas públicas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo anterior de un juez de primera instancia que, en diciembre, había ordenado al gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, que fue aprobada por el Congreso en 2024.

Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresó en sus redes sociales que la decisión judicial "es una excelente noticia para toda la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como estamos atravesando". El CIN, que representa a las universidades nacionales, había solicitado una medida cautelar para asegurar la plena vigencia de la ley.

El juez de primera instancia había respaldado esta solicitud al anular un decreto del Ejecutivo que suspendía la implementación de la norma. Este decreto se justificaba en que los legisladores debían establecer previamente el origen de los fondos necesarios para aumentar el presupuesto de las universidades y los salarios del personal, alegando que el Estado no podía asumir esos gastos.

La Cámara destacó en su fallo que la aplicación de la ley no compromete el "interés público" y que, por el contrario, su incumplimiento afecta "el derecho a enseñar y aprender". El gobierno tiene la opción de apelar esta decisión.

Milei ha manifestado una firme oposición a esta ley, la cual vetó en octubre de 2024. Sin embargo, un año después, el partido peronista, la principal fuerza opositora, junto con algunos partidos que habían sido aliados del oficialismo, lograron unirse en ambas cámaras legislativas para insistir en la redacción original de la ley.

El presidente sostiene que esta y otras normativas, como la que otorga más beneficios a personas con discapacidades, amenazan el equilibrio fiscal, un principio fundamental de su programa económico. Desde que asumió el cargo a fines de 2023, ha implementado el mayor ajuste del gasto en la historia reciente del país.

La discusión sobre esta norma, que también incluye la actualización de becas y programas de investigación, estuvo acompañada de marchas masivas en defensa de la educación pública, un reclamo que ha unido a diversos sectores de la sociedad argentina.

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires han advertido sobre el deterioro de los programas de investigación y la desmotivación de los docentes en un contexto de alta inflación y recortes, además de la creciente migración de profesores de instituciones públicas a privadas.

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