Ecuador deporta a cientos de presos colombianos en medio de cuestionamientos de Bogotá

QUITO (AP) — Ecuador deportó el sábado a centenares de presos colombianos a su país de origen como parte de una medida con la que buscó descongestionar las cárceles del país, pero que fue cuestionada por Bogotá por considerar que se hizo de forma unilateral.

Los detenidos fueron trasladados desde diferentes prisiones hasta el puente fronterizo internacional Rumichaca, anunciaron las autoridades ecuatorianas. En febrero, el presidente Daniel Noboa anunció que repatriaría a unos 1.500 presos extranjeros —de los cerca de 3.300 que están en el sistema penitenciario ecuatoriano— en un esfuerzo por aliviar las hacinadas cárceles y reducir la violencia dentro de ellas.

El organismo de control penitenciario de Ecuador precisó el sábado en un comunicado que inició la deportación de 700 de un total 1.000 presos de nacionalidad colombiana que entregará al vecino país, reafirmando “el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público”.

Añadió que durante el mes en curso se instalaron las audiencias individualizadas ante jueces competentes y se emitieron las boletas de excarcelación.

Más temprano, Diana Pozo, gobernadora de la provincia ecuatoriana del Carchi, fronteriza con Colombia, en declaraciones difundidas en las redes sociales, mencionó que 800 privados de libertad estaban siendo deportados. Explicó que quienes contaban con su cédula de identidad personal ingresaron a Colombia “de manera normal”, mientras que los que no tenían su documento “se han demorado y lo están haciendo por parte de migración con la huella digital”.

La cancillería colombiana informó el sábado en su cuenta de X, antes Twitter, que 603 “expulsados” habían sido registrados hasta el momento, de ellos 450 ya habían ingresado. Aseguró que se contaba con antecedentes penales de 348 de ellos y que del restante se estaba pidiendo información a las autoridades ecuatorianas. No se precisó los delitos por los cuales los extranjeros estaban en prisión.

La ministra encargada de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, se encontraba en la zona fronteriza para atender la situación, agregó. La víspera, la cancillería de Colombia expresó su “enérgica protesta” por considerar que la medida fue “unilateral” y que constituye un “gesto inamistoso” que no atendió a “las respetuosas y reiteradas solicitudes” para generar un protocolo que permita el traslado de sus connacionales en condiciones dignas. Un día antes, también había advertido que fue notificada de la intención de deportación y que gestionaba un acuerdo.

En respuesta, la cancillería de Ecuador aseguró el sábado que el proceso “se está llevando a cabo en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria”. Agregó que se ha garantizado el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los deportados.

Ecuador aseguró que Colombia había sido informada oficialmente desde el 8 de julio “de los procesos individuales de deportación en marcha”.

La última deportación que efectuó Ecuador fue en abril cuando trasladó a ocho reclusos hasta la ciudad colombiana Ipiales. La primera del gobierno de Noboa se dio más de un año atrás.

En junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una ley que permite la expulsión de presos extranjeros a su país de origen y les restringe la entrada durante 40 años, so pena de ser declarados objetivo militar.

El sistema carcelario ecuatoriano mantuvo a 35.000 presos recluidos cuando su capacidad es de 27.000, según cifras oficiales.

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