Condenan a siete policías por una masacre en Tamaulipas en 2013

CIUDAD VICTORIA, México — En marzo de 2013, un grupo de nueve personas fue secuestrado en la central de autobuses de la capital de Tamaulipas, un estado que limita con Texas. Sus cuerpos desmembrados fueron hallados más tarde en una camioneta. Este crimen, como muchos otros en México, había quedado en la penumbra hasta esta semana.

Una reciente sentencia judicial ha destapado la implicación directa de policías estatales en este multihomicidio, un patrón que también se ha visto en otras masacres ocurridas en esa década en la región noreste del país. Un juez mexicano ha condenado a siete policías de Tamaulipas a penas que oscilan entre 50 y 61 años por el secuestro de las víctimas y por delincuencia organizada. La fiscalía federal informó que los condenados entregaron a las víctimas a un cártel.

Los nombres de los sentenciados fueron revelados solo con su primer nombre y sin especificar su profesión. Sin embargo, una fuente federal, que prefirió permanecer en el anonimato, confirmó que se trata de policías de una unidad que ya no existe, que dependía de la fiscalía estatal y se dedicaba a la recuperación de vehículos robados.

Aún se desconoce la identidad de las víctimas. Los autobuses en los que viajaban se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos. La sentencia es considerada un ejemplo más de cómo la delincuencia organizada ha mantenido un control absoluto sobre diversas autoridades y cuerpos policiales en Tamaulipas, situación que persistió, al menos, hasta 2021, cuando 19 personas fueron asesinadas y calcinadas, resultando en la condena de once policías por su participación.

Entre 2010 y 2013 se registraron los niveles más altos de violencia en la región, impulsados por la lucha del Cártel de Los Zetas, que nació como el brazo armado del Cártel del Golfo, en un conflicto por el control de un estado estratégico para el tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas.

Justicia a cuentagotas

Tamaulipas ha sido protagonista de numerosas masacres que han quedado impunes. En agosto de 2010, el cártel de Los Zetas asesinó a 72 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, en San Fernando, tras negarse a unirse a sus filas. La investigación de este crimen también implicó a policías, y la justicia ha llegado con cuentagotas.

Desde 2011, se han descubierto numerosas fosas clandestinas en la misma localidad, con casi 200 cadáveres, la mayoría de migrantes. Muchas de estas víctimas fueron capturadas por los Zetas, quienes las bajaban de autobuses, creyendo que eran aliados del Cártel del Golfo.

En enero de 2021, 19 personas, de las cuales 16 eran guatemaltecas, fueron asesinadas y posteriormente incineradas en Camargo, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. La presión internacional logró que se dictaran sentencias en este caso, resultando en la condena de once policías de un polémico cuerpo estatal de operaciones especiales.

Crímenes olvidados

Muchos otros casos de la misma época permanecen en el olvido. Ángeles Rodríguez, de Ciudad Valles, busca a su hermano Rafael, quien desapareció en 2010 junto a más de 30 personas. Según Rodríguez, los pasajeros eran migrantes en busca de una mejor vida. La falta de atención y los errores en la investigación han dificultado el avance en su búsqueda.

El martes, Rodríguez y otros miembros de su colectivo, "Pirasol", repartieron volantes en Ciudad Valles para recordar la desaparición de su hermano y otros casos que nunca han estado en la memoria colectiva de los mexicanos, mientras que la reciente sentencia ofrece un atisbo de justicia.

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La periodista de The Associated Press, María Verza, colaboró con esta nota desde Ciudad de México.

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