Milei avanza en el Congreso y abre otra batalla económica
27/02/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei. (Foto: NA)
El Gobierno está cerrando una etapa legislativa que, hace apenas tres meses, parecía improbable. Con más de 40 votos en el Senado —más del doble de su propio bloque— y un respaldo que en Diputados creció entre 30% y 40% respecto de su base original, el oficialismo logró aprobar una serie de leyes clave con un nivel de apoyo que no estaba en los cálculos iniciales.
No se trata de una sola norma, sino de un paquete con fuerte contenido estructural: reforma laboral, baja de imputabilidad, precisiones a la ley de glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. En términos políticos, es una secuencia de victorias parlamentarias. En términos estratégicos, es una señal de que el Gobierno consiguió articular mayorías más amplias de lo que su representación propia anticipaba.
El acuerdo con la Unión Europea merece un párrafo aparte. Es, probablemente, la política más consistente en términos de continuidad institucional: una negociación que atravesó casi 25 años y múltiples gobiernos de distinto signo. Más que una bandera partidaria, es una política de Estado asociada a la construcción del Mercosur. El actual Ejecutivo no la diseñó, pero garantizó su aprobación legislativa. En un país acostumbrado a los volantazos, esa persistencia no es menor.
La baja de imputabilidad, en cambio, expresa otra dinámica: la presión social trasladada al sistema político. El consenso para endurecer la respuesta penal a menores que cometen delitos fue creciendo en la opinión pública y terminó cristalizando en votos. No es un logro exclusivo del oficialismo, sino el resultado de una demanda transversal que el Congreso finalmente tradujo en mayoría.
La modificación vinculada a la ley de glaciares es distinta. Allí el objetivo fue despejar incertidumbre regulatoria para habilitar inversiones mineras, en especial en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas pedían reglas claras antes de comprometer capital. El ambientalismo reaccionó con críticas, pero el Gobierno optó por priorizar previsibilidad para atraer proyectos que, sin esa garantía, difícilmente avanzarían. Se abre así una expectativa en un sector que la Argentina lleva décadas postergando.
Hasta aquí, la narrativa es la de un oficialismo que consolida su programa económico con apoyo legislativo ampliado. Pero aparece una paradoja interesante: mientras impulsa leyes que benefician al sector empresario —como la reforma laboral, claramente orientada a reducir riesgos e incertidumbres para las empresas, sobre todo las pymes— el Presidente lanzó duras críticas contra figuras de peso como Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca.
¿Es una contradicción? Más bien parece otra batalla. No contra “los empresarios” en general, sino contra un modelo de protección sectorial que durante décadas se sostuvo en altos aranceles y beneficios fiscales para resguardar a determinadas industrias de la competencia externa. Allí emerge la vieja discusión argentina: economía cerrada o economía abierta.
El Gobierno eligió sin ambigüedades la apertura. Lo dijo en campaña y lo está ejecutando. Lo sorprendente no es que avance en esa dirección, sino que algunos sectores se sorprendan. En la Argentina estamos habituados a presidentes que prometen una cosa y hacen otra. En este caso, el Presidente está intentando hacer exactamente lo que anunció.
Que el rumbo sea exitoso o no, que genere crecimiento o tensiones, es una discusión abierta y legítima. Pero, al menos por ahora, hay coherencia entre el discurso y la acción. Y en la política argentina, eso ya constituye un dato relevante.
