Policías federales fueron en un patrullero a asaltar a una familia de Córdoba

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Por Juan Federico

La Justicia Federal de Córdoba investiga un episodio que se presenta, al mismo tiempo, como insólito y escandaloso. En síntesis: acusan a policías federales de ir en un móvil oficial de la fuerza a asaltar a una familia de barrio Pueyrredón, de la Capital cordobesa.

Según informaron a Cadena 3 fuentes con acceso a la causa, todo ocurrió el sábado pasado en horas de la mañana. Hasta un domicilio de calle Cochabamba llegó una camioneta Toyota Hilux ploteada con el logo de la Policía Federal Argentina. Del vehículo bajaron cuatro personas encapuchadas, tres de las cuales tenían uniformes oficiales. Cuando la dueña de casa abrió, sólo le dijeron que se trataba de un allanamiento, que tres de ellos eran policías y que el cuarto se trataba de un supuesto testigo civil. Por lo general, en los operativos oficiales, además de llevar la orden judicial correspondiente, los agentes de esta fuerza no utilizan pasamontañas, tal como sucedió en esta ocasión. Lo concreto es que uno de ellos se quedó junto a la mujer y los pequeños hijos de ella (el marido había salido antes de que llegara el móvil policial), mientras que los otros tres comenzaron a revolver todos los rincones de la vivienda.

En la denuncia posterior, el hombre, que dijo comprar y vender vehículos, además de explotar una verdulería, aseguró que los encapuchados le llevaron 32 millones de pesos, joyas, otros elementos de valor y que hasta le rompieron una pared en busca de una supuesta caja fuerte que nunca encontraron. Indicó que el dinero era producto de la venta de una camioneta Volkswagen Amarok que se había concretado sólo cinco días antes.

Antes de marcharse, los policías quitaron y se llevaron el archivo DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda, para asegurarse de que nada de lo ocurrido hubiese quedado registrado.

Recién cuando el marido regresó, momento en el que ya los policías no estaban, la familia comenzó a sospechar si realmente se había tratado de un allanamiento, ya que no les habían dejado ninguna constancia.

Esa tarde fueron a preguntar a la unidad judicial que figura en la comisaría 6ª de barrio General Paz, donde les indicaron que desde allí nadie había ordenado allanamiento alguno y les sugirieron preguntar en la Policía Federal.

La familia fue entonces a la sede de esa fuerza en Nueva Córdoba y, también, a la base de la división Antidrogas de la Federal, donde se toparon con respuestas negativas.

Ante esto, el lunes se dirigieron a la torre de Tribunales Federales. El Juzgado de turno durante ese fin de semana les indicó que no había liberado ningún operativo como el que describían, por lo que terminaron en la fiscalía federal a cargo de Maximiliano Hairabedian. Allí, no sólo que les respondieron con una negativa, sino que se les tomó declaración ante la sospecha de que hubiesen sido víctimas de un falso allanamiento, una metodología que suelen utilizar bandas de delincuentes que se disfrazan como policías para concretar estos golpes.

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No obstante, a las pocas horas la preocupación de los investigadores comenzó a aumentar cuando revisaron otras cámaras de seguridad de la zona donde vive la familia y advirtieron la presencia de una camioneta Toyota Hilux ploteada con el logo de la Policía Federal circulando por esa zona el mismo sábado a la mañana.

Ese mismo martes, aún sin tener la certeza de si se trataba de un móvil oficial o una camioneta ploteada por los delincuentes, los pesquisas fueron a la base de la Policía Federal y detectaron que allí había una camioneta, asignada a la brigada de Investigaciones, que coincidía en un todo con la que habían observado en las cámaras.

De acuerdo al registro del libro de guardia, ese vehículo no había sido utilizado el sábado. Pero se detectó que el último kilometraje asentado habría sido adulterado, para que coincidiera con el que mostraba ahora en el tablero. Al revisar el sistema de GPS que tiene incorporado, todo se complicó aún más.

Ante esta evidencia, todo se aceleró. El jueves, el fiscal Hairabedian le solicitó al juez Alejandro Sánchez Freytes que ordenara las detenciones de dos policías federales, mientras intenta identificar a otros dos. En esos operativos, se detectó un dato que llamó mucho la atención: los dos efectivos ahora detenidos habían cambiado sus celulares y las líneas el martes anterior, justo después del operativo judicial en la base en la que descubrieron la camioneta oficial.

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