Se trata de Lucas Nahuel Verón, de 18 años, quien dejó de existir tras ser baleado durante una persecución en el partido bonaerense de La Matanza.
Según los datos preliminares de la autopsia, el joven recibió un balazo con orificio de entrada en el tórax y de salida en la espalda.
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De acuerdo a los resultados de los médicos forenses de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, no se pudo obtener un proyectil o plomo del cadáver para un futuro cotejo balístico ya que el tiro atravesó al chico de adelante hacia atrás.
Fuentes judiciales informaron a Télam que este martes los peritos del Ministerio Público comenzarán con el análisis comparativo de las dos pistolas 9 milímetros de los acusados con la misma cantidad de vainas de ese calibre secuestradas en la escena del crimen para determinar quien efectuó los disparos.
"Ya se solicitaron informes sobre los GPS de los patrulleros y los llamados al 911, y esos datos después los vamos a cruzar con lo que aporten los testigos, que siguen declarando", explicó a Télam una fuente de la pesquisa quien aclaró que es una investigación que "recién empieza".
Hasta el momento los efectivos Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron imputados por el fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian, del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".
Los efectivos acusados del crimen.
Según las fuentes, ambos policías se negaron a declarar en sus respectivas indagatorias ante el instructor judicial, tras lo cual quedaron a disposición de la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mary Castillo, mientras se resuelve su situación procesal.
Por su parte, a Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense informó que van a acompañar durante el proceso a la familia de Lucas, al tiempo que mostraron "preocupación" por lograr "el rápido y eficaz esclarecimiento de los hechos".
En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aseguró en un comunicado que se trató de un caso de "gatillo fácil" ya que "oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas en Villa Scaso, La Matanza".
El crimen ocurrió el viernes último, alrededor de la 1.30, cuando la víctima, quien ese día cumplía 18 años, iba a bordo de una moto junto a un amigo.
La investigación comenzó cuando el joven fue trasladado por sus familiares al hospital Simplemente Evita de González Catán tras haber recibido un disparo de arma de fuego.
Lucas fue atendido por los médicos pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas, tras lo cual comenzó a investigar personal de la comisaría de la zona bajo las instrucciones del fiscal Tahtagian.
En principio, los investigadores determinaron que el joven volvía con un amigo de 17 años en una moto y por razones que todavía no fueron dilucidadas comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Patrullas en el que iba una pareja de policías.
"El menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial", afirmó el organismo de derechos humanos.
Según las fuentes, el patrullero impactó por detrás al rodado en el que iban los jóvenes, quienes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a su casa ubicada a una cuadra y media.
Aparentemente, el policía Benítez, que iba manejando, descendió del vehículo y efectuó entre dos y tres disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en la víctima, añadieron las fuentes.
De acuerdo a los voceros, el joven continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido, por lo que su amigo fue a avisarle a la familia de la víctima que vive a una cuadra y media del lugar.
En tanto, los policías en vez de quedarse a preservar la zona se fueron del lugar y no avisaron de la situación a sus superiores.
Sin embargo, el fiscal Tahtagian dispuso el relevamiento de las cámaras de los comercios e identificó al móvil involucrado y ordenó la aprehensión de los uniformados.
Además, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a los policías y les retiró el permiso de uso de uniforme, placa y armas (que ya estaban a disposición de la Justicia).
Los investigadores procuraban determinar por qué comenzó la persecución y los motivos por los cuales el personal policial no denunció el hecho.
