La Justicia bloqueó la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz

Una decisión de la Justicia Federal encendió el debate ambiental y político en todo el país. Un juzgado de Río Gallegos ordenó suspender la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz, al considerar que podría afectar ecosistemas sensibles.

La medida cautelar, firmada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, obliga al Estado Nacional a abstenerse de implementar cualquier acción derivada de la modificación normativa que impacte sobre glaciares o zonas periglaciares, al menos hasta que haya una sentencia definitiva.

El origen del reclamo

El fallo responde a un amparo colectivo ambiental impulsado por autoridades de El Calafate, entre ellas representantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo local y legisladores provinciales.

En la presentación judicial, los demandantes advirtieron que la reforma introduce cambios de fondo en el régimen de protección establecido por la Ley N° 26.639. Según sostuvieron, la nueva normativa reduciría áreas protegidas y habilitaría actividades actualmente prohibidas en zonas de alta sensibilidad ambiental.

Además, señalaron que la modificación implicaría una “regresión” en los estándares de protección ambiental y podría vulnerar el sistema de presupuestos mínimos contemplado en la Constitución Nacional.

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Argumentos del fallo

Al analizar el planteo, el magistrado puso el foco en la relevancia estratégica de estos ecosistemas. Los glaciares —como el emblemático Glaciar Perito Moreno— cumplen funciones esenciales, entre ellas la regulación hídrica y la preservación de recursos naturales clave.

En su resolución, Vázquez invocó principios centrales del derecho ambiental, como el precautorio, el de progresividad y el de no regresión. Bajo esos criterios, entendió que existía riesgo suficiente como para dictar una medida urgente.

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El juez también advirtió que permitir la aplicación de la reforma mientras se sustancia la causa podría tornar “ilusoria” la protección buscada, si durante ese período se autorizaran actividades incompatibles con el nivel de tutela vigente.

Debate por las competencias

Otro eje del conflicto radica en la distribución de facultades. Los impulsores del amparo cuestionaron que la reforma delega en las provincias atribuciones que, según interpretan, corresponden al Congreso de la Nación, como definir el alcance de las áreas protegidas o habilitar actividades con impacto ambiental.

Este punto abre una discusión de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental, así como sobre el rol de las jurisdicciones en la gestión de recursos naturales.

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La reacción del Gobierno provincial

Tras conocerse la resolución, el Gobierno de Santa Cruz respaldó la reforma impulsada a nivel nacional y defendió la continuidad de las actividades productivas bajo control ambiental.

Desde el Ministerio de Energía y Minería, el titular del área, Jaime Álvarez, remarcó la trayectoria productiva de la provincia:

“Santa Cruz es una provincia que eligió producir y generar trabajo. Hace más de 80 años que desarrollamos la actividad hidrocarburífera y más de 25 años la minería, y lo hicimos siempre bajo controles ambientales que funcionan”.

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El funcionario también destacó que existe un marco regulatorio propio:

“Tenemos un esquema normativo que define dónde se puede producir y dónde no. Hay reglas claras y controles”.

La decisión judicial, aunque circunscripta a Santa Cruz, ya es observada con atención en otras provincias. El expediente podría convertirse en un caso testigo para futuras presentaciones similares en distintos puntos del país.

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