Fopea alerta por el ítem de desinformación masiva en el proyecto sobre Malvinas
Claudio Jacquelin, prosecretario general de Redacción de La Nación y vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, habló en Cadena 3 Rosario y dio detalles sobre los puntos que generan preocupación.
21/09/2026 | 10:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Milei presentaando el proyecto sobre Malvinas.
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Juntos Rosario
La iniciativa oficial sobre Malvinas incorpora modificaciones que exceden la cuestión de la soberanía y abren una discusión sobre libertad de expresión, seguridad y facultades del Poder Ejecutivo. El proyecto enviado al Congreso propone, entre otras medidas, penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado u organización extranjera, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
El alcance de la iniciativa generó cuestionamientos de distintos sectores. Constitucionalistas y organizaciones vinculadas al periodismo pusieron el foco en la amplitud de expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva”. El Gobierno, en cambio, sostiene que la norma apunta a operaciones coordinadas vinculadas con actores extranjeros y no a una publicación periodística aislada.
Sobre este punto, Claudio Jacquelin, prosecretario general de Redacción de LA NACION y vicepresidente de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), planteó que el proyecto utiliza como marco un tema especialmente sensible para los argentinos. “Más que un paraguas es un enorme tinglado sobre algo que es muy sensible a los argentinos como es la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.
Jacquelin cuestionó que, bajo ese objetivo, se incorporen disposiciones que considera vinculadas con otros ámbitos. “Los dos tercios restantes avanzan sobre libertades que son consagradas por la Constitución, diluyen los principios de legalidad para los juicios penales y la persecución penal, dan atribuciones judiciales al Poder Ejecutivo”, afirmó. También señaló que el proyecto modifica aspectos de las leyes de Defensa Nacional e Inteligencia y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
Uno de los puntos que destacó el periodista es la utilización del concepto de intención en el nuevo tipo penal. “El articulado no habla de quienes alteren procesos electorales, sino que habla de quienes pretendan alterar”, explicó. Y agregó: “El gobierno se atribuye la capacidad de sancionar antes que un juez una intención, con lo cual ya entramos en el marco de la mayor de las arbitrariedades posibles”. El texto efectivamente utiliza la fórmula “procuren alterar procesos electorales”.
La iniciativa también contempla otras modificaciones de alto impacto institucional. Según el análisis publicado por LA NACION, crea un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo, incorpora cambios en materia de defensa e inteligencia, habilita el juicio en ausencia para determinados delitos vinculados con recursos naturales y amplía las facultades estatales frente a determinadas amenazas.
Otro de los cuestionamientos planteados por Jacquelin está relacionado con el financiamiento extranjero de organizaciones periodísticas y de la sociedad civil. “Lo que busca es coartar las posibilidades de financiamiento de organizaciones periodísticas, instituciones de organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces carecen de suficientes aportes internos y que recurren a consorcios internacionales”, sostuvo. La discusión aparece porque el proyecto establece sanciones frente a determinadas formas de influencia extranjera.
El periodista también vinculó este debate con una dinámica más amplia del Gobierno en materia de libertad de expresión. “Trata de ver de qué manera cercena, coarta, dificulta la libertad de expresión de voces críticas o que tengan capacidad para investigar al poder”, afirmó. Estas son interpretaciones de Jacquelin sobre el alcance político del proyecto y no una conclusión judicial sobre su constitucionalidad.
En paralelo, Jacquelin se refirió al conflicto interno que quedó expuesto por las declaraciones de Patricia Bullrich. Sobre la posición de la ministra, sostuvo que el presidente Javier Milei mantiene una relación de tolerancia con ella porque “hoy Patricia Bullrich es una pieza muy relevante de su complejo armado político, de la que no puede prescindir”. Según su análisis, Bullrich viene ganando relevancia pública mientras el oficialismo enfrenta discusiones internas y dificultades de conducción.
Finalmente, Jacquelin consideró que el proyecto de Malvinas llega en un momento políticamente complejo para el Gobierno. “En un contexto de debilidad que está teniendo el gobierno, claramente parece un acto de, como mínimo, de temeridad para exponerse a otra derrota o a otro conflicto”, afirmó. La iniciativa deberá ahora atravesar el debate parlamentario, donde las cuestiones vinculadas con la soberanía sobre Malvinas convivirán con una discusión más amplia sobre libertad de expresión, seguridad nacional, influencia extranjera y los límites constitucionales de las facultades del Estado.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Qué propone la iniciativa sobre Malvinas? La iniciativa propone penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante desinformación masiva.
¿Quién es Claudio Jacquelin? Claudio Jacquelin es prosecretario general de Redacción de LA NACION y vicepresidente de FOPEA, quien ha expresado sus preocupaciones sobre el proyecto.
¿Cuándo se envió el proyecto al Congreso? El proyecto fue enviado al Congreso recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta en el artículo.
¿Dónde se generaron cuestionamientos sobre la iniciativa? Los cuestionamientos provienen de distintos sectores, incluyendo constitucionalistas y organizaciones vinculadas al periodismo.
¿Por qué se considera problemática la propuesta? Se considera problemática porque podría afectar la libertad de expresión y otorgar atribuciones excesivas al Poder Ejecutivo.
