La Justicia intimó a Milei a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al presidente Javier Milei a implementar de manera efectiva la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y dispuso que la norma entre en "pleno funcionamiento" a partir del 4 de febrero. La resolución fue dictada en plena feria judicial y establece, además, un cronograma de información inmediata por parte del Poder Ejecutivo.

El magistrado resolvió el martes pasado que el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) presenten, en un plazo de cinco días hábiles, un informe detallado sobre los avances administrativos realizados para cumplir con la ley sancionada por el Congreso en julio de 2025. La Andis fue disuelta días atrás.

El fallo tiene origen en una denuncia presentada desde Córdoba. La abogada Marta Lastra promovió ante el juzgado de Campana un planteo en el marco de un amparo colectivo por el incumplimiento de la sentencia que ordenó al Gobierno nacional aplicar la ley. Según lo dispuesto, si el Ejecutivo no cumple con lo ordenado, distintos funcionarios nacionales podrían afrontar multas personales y diarias, e incluso causas penales por desobediencia.

Entre los posibles alcanzados por las sanciones figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La causa permanece a cargo de González Charvay desde septiembre, cuando un primer amparo colectivo fue inscripto en el Registro de Acciones Colectivas con validez nacional. Ese reclamo cuestionó, en particular, un artículo que preveía financiamiento nulo para la Emergencia en Discapacidad.

Posteriormente, Lastra presentó un amparo individual en los Tribunales Federales de Córdoba en representación de su hijo, que luego fue acumulado a la causa de Campana por existir identidad de objeto. El 12 de diciembre, el juez dictó sentencia favorable a los amparistas y ordenó la aplicación de la ley, lo que dio lugar al nuevo reclamo para forzar su ejecución.

El conflicto judicial se enmarca en la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso por la vigencia de la norma. Tras su sanción, el Presidente intentó suspenderla mediante el decreto 681/2025 y volvió a cuestionarla al presentar el presupuesto 2026. A mediados de diciembre, González Charvay declaró la invalidez del artículo del decreto que suspendía la ley por falta de financiamiento. Aunque el Gobierno apeló la decisión, la Cámara Federal de San Martín admitió el recurso sin suspender los efectos del fallo, por lo que la obligación de aplicar la ley seguía vigente.

Desde Córdoba, Lastra se consolidó como una de las referentes del amparo colectivo, junto con instituciones como el Colectivo 3 de Diciembre, la Asociación de Transportistas de Córdoba y el Colegio de Psicopedagogos de Córdoba. Las presentaciones judiciales denunciaron el retraso en la actualización de aranceles y la baja de pensiones no contributivas por discapacidad, medidas que dependían de la Andis.

En diálogo con Cadena 3, Lastra destacó el alcance de la intimación judicial y afirmó que su cumplimiento permitiría "soluciones que pueden ser consideradas como parches para este momento", ante el riesgo de colapso del sistema de discapacidad. Señaló que las actualizaciones del nomenclador de prestaciones "no superaron el 0,1% en más de un año" y denunció demoras de hasta seis meses en los pagos a prestadores.

La abogada subrayó que la falta de respuesta estatal afecta a profesionales, transportistas y centros educativos terapéuticos. También advirtió sobre la dificultad de ejecutar este tipo de sentencias, aunque remarcó que el juez fijó como plazo el 4 de febrero para la reglamentación de la ley. "Todo se va a traducir en una obligación moral de los funcionarios", sostuvo, y concluyó que mantiene la expectativa de que el fallo impulse un cambio en la política pública.

Entrevista de Miguel Clariá.

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