El fideicomiso ligado a Grabois destinó $22.260 millones a Córdoba

Guillermo López

El Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU) es uno de los fideicomisos que está en la picota luego de que la Nación decidiera en las últimas horas cortar casi por completo su financiamiento argumentando que se trata de una "caja política".

En un decreto firmado hoy por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se modificó la asignación de lo recaudado por el impuesto PAIS.

Hasta hoy la distribución era la siguiente: un 70% iría a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y el 30 % restante se repartía entre obras de infraestructura económica que recibía el 65%, un 30% para el FISU y el 5% restante en fomento del turismo nacional.

A partir del decreto publicado hoy se modifica la asignación específica del 30% y disminuye al 1% la asignación al FISU, mientras que amplía el recibido por las obras de infraestructura económica a 94%. El otro 5% no se modifica y continúa siendo para el fomento del turismo nacional.

Dicho de otro modo: el FISU recibía el 9% del impuesto País y ahora recibirá el 0,3%.

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¿Cuánto se destinó del FISU a Córdoba?

De acuerdo a los datos del Monitor de Obras de Integración Sociourbana, desde que se activó el FISU, marzo de 2020, se destinaron casi $22.300 millones a mejorar la infraestructura de barrios populares en toda la provincia de Córdoba. Los datos prácticamente coinciden con los brindados por la exsecretaria de de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, una dirigente muy ligada a Juan Grabois.

Consultados por Cadena 3 para saber si efectivamente estos fondos megamillonarios se habían destinado al mejoramiento urbano, desde el Gobierno de Córdoba señalaron: "Hemos firmado siete convenios con esa secretaría, cinco en barrios de la Ciudad, otro en Río Cuarto y uno más en Alta Gracia. El año pasado el monto devengado fueron alrededor de 700 millones de pesos y se ejecutaron de acuerdo a los plazos previstos", puntualizó un alto funcionario provincial, quien defendió la afectación específica de este fondo pero reclamó que lo óptimo sería coparticipar esos fondos.

En total, desde 2020, los fondos destinados a esos convenios con la Provincia fueron de alrededor de $ 5.400 millones. (Ver Cuadro).

Es decir que el resto -$17.000 millones- fueron convenios directos con municipios y organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Algunas de las OSC dedicadas a las obras manifestaron su incertidumbre por el recorte nacional ya que aseguran tener todos los papeles en regla y un avance de las obras que supera el 65%, como el caso de un barrio de 36 lotes en la localidad de Alta Gracia.

Con todo, el impacto de los montos -$22.300 millones- torna válida la pregunta de si los mismos están volcados en la infraestructura de barrios populares o efectivamente varios de esos millones fueron destinados a una caja política, como sostiene el gobierno de Milei.