Ante un Gobierno vacilante, sin plan conocido, que en siete meses ni siquiera convocó al acuerdo social que fue su comodín de campaña, sectores clave de la sociedad comienzan a reunirse por su cuenta.
La disfuncionalidad de décadas que arrastra la Argentina, más el coronavirus, no admiten más dilaciones. Y suceden hechos contundentes.
Uno de esos hechos es la cumbre que hubo entre la Asociación Empresaria Argentina y la CGT. El comunicado final es inédito.
Por primera vez, la CGT dice públicamente que coincide con las mayores empresas del país en que:
1- La propiedad privada debe respetarse porque las cadenas de valor privadas tienen un rol clave en la producción de bienes y servicios, donde el Estado no debe involucrarse como empresario.
2- Hay que promover el empleo en blanco (obviamente bajando de algún modo el costo laboral legal)
3- Hay que aprender a vivir de las exportaciones (y por ende en una economía más abierta) si se quiere remontar la pobreza.
4- Hay que evitar el default.
5- Y, atención: hay que bajar impuestos.
Disparo al corazón
Todo eso, junto, es un disparo al corazón del Partido del Estado, esa alianza que nunca va a elecciones, pero que es hegemónica porque colonizó el Estado en los últimos 70 años. Su casta ha gobernado casi siempre en los últimos 70 años. Y siempre ha controlado el gobierno funcional del aparato estatal.
Sus afiliados sin ficha son las burocracias estatales (nacionales, provinciales y municipales), los tres poderes del Estado, las universidades nacionales, las concesionarias que cobran precios regulados por el Estado, algunas contratistas de obra, la industria proteccionista más atrasada y los millones de argentinos que malviven en la pobreza incentivada por los subsidios del fisco quebrado.
Yasky va a poner el grito en el cielo
Por eso en la reunión AEA-CGT no estaban corporaciones como la UIA (que reúne tanto a competitivos como subsidiados) ni ATE, ni la CTA, ni los piqueteros, entre otros.
Todos esos sectores del Partido del Estado componen la economía de baja o nula productividad que, precisamente, vive de los costosos privilegios legales e impuestos que el resto de la economía ya no puede pagar. Lo diremos siempre: hay numerosas excepciones sectoriales e individuales. Pero todo ese aparato está diseñado para una productividad vocacional y para una improductividad sistémica.
En la pandemia y después de la pandemia mantener todo eso va a ser más imposible que nunca.
Lo sabe todo el mundo. Lo sabe Alberto Fernández, que el 9 de julio sentó a algunos de esos integrantes del Partido de los Privados en un encuentro simbólico. La insolencia le costó un misilazo de Cristina Fernández, precisamente por haber excluido a los capos del Partido del Estado.
Por eso tanta demora
Es que el Partido del Estado se resiste al suicidio y exige seguir mandando en su propio beneficio, como siempre.
Ese es, en el fondo, el eje de la discusión en la alianza kirchnerista que gobierna: de qué lado se va a poner.
Y es la razón profunda por la que el famoso acuerdo social nunca fue convocado por el Presidente. Y el motivo por el que seguimos sin conocerle un plan. Cuando esa decisión se tome (si se toma) habrá una guerra. El poder central de la Argentina no va a resignar su billetera, su poder y su capacidad de construir la hegemonía cultural con los presupuestos públicos infinitos de que dispone.
Todos lo saben
Los que se autoconvocaron, hartos de esperar que los llamen, no están exentos de contradicciones. Estuvo la UOM, por ejemplo, muchos de cuyos afiliados trabajan en industrias protegidas. O grupos industriales como Techint, que tiene protecciones arancelarias en su división de siderurgia.
Pero todos saben que “vivir con lo nuestro” es inviable y que hay que bajar costos (los impositivos para empezar) apenas como punto de inicio si queremos sobrevivir.
Héctor Daer, del gremio de la alimentación, sabe que la agroindustria podría proveer al mundo si no arrastrara el collar de piedras de las ficciones industriales subsidiadas argentas. Gerardo Martínez, de la Construcción, sabe que el Estado pobrista no va a tener jamás un mango para invertir en rutas y que nadie va a invertir en viviendas si no hay crédito para comprarlas, si cada 5 años se incumplen los contratos hipotecarios para demagogiar con los deudores, o si el inversor teme que le expropien la renta con impuestos triples o con leyes de alquileres intempestivas.
La sociedad sin tiempo
No son los únicos que no esperan más. La semana pasada, el flamante Consejo Agroindustrial Argentina, que reúne a 42 entidades agroindustriales autoconvocadas, presentó un set de políticas públicas con las que podrían alcanzarse exportaciones por 100 mil millones de dólares y crear 210 mil empleos directos.
En la Patagonia, YPF busca hacer punta en su propia racionalización -luego de que la inflaran de empleados carísimos tras la estatización- para tornar viable la explotación hidrocarburífera, a la que ya no hay subsidio que le alcance. Algunos sindicatos parecen dispuestos a hablar. Las demás petroleras y las proveedoras Pyme están expectantes. Es una de las pocas cosas que podrían salvarlas.
Pero legisladores neuquinos del Frente de Todos, típicos exponentes del Partido del Estado, legislan buenas intenciones, instando a YPF a que “como empresa de bandera” (?) garantice empleos y contratos a proveedores. Soplar y hacer botella.
El presidente tiene que decidirse. La sociedad que no vive del Estado -más allá de los salarios subsidiados de estos meses sin precedentes- se ha quedado sin tiempo.
