Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC: “El gran desafío del país es la transición económica”

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   Coloquio de IDEA 2026

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En el Coloquio de IDEA el planteo es pensar el país y desarrollarlo en un horizonte de 20 años, algo similar a la labor continua que realizan en CIPPEC. ¿Considerás realmente que existe la posibilidad de un desarrollo sostenible a 20 años y que hay una decisión del núcleo político y económico de llevar a Argentina en esa misma dirección?

Estoy convencido de que sí, impulsado por tres grandes razones. La primera es geopolítica: Argentina pasa a ser un actor central en el nuevo orden global por su abundancia de alimentos, energía y minerales críticos. Más allá de las administraciones de turno, el país es un aliado estratégico de Estados Unidos dentro de su visión para Latinoamérica. La segunda razón es geológica: existe una oportunidad extraordinaria para desarrollar varias "pampas húmedas" de exportación mediante el campo, la energía y la minería. La tercera razón es la nueva economía política del extractivismo, representada por diez gobernadores provinciales con proyectos mineros, energéticos o bajo el régimen RIGI, quienes integran el 42% del Senado y actuarán como un dique de contención ante medidas que atenten contra la inversión o la estabilidad macroeconómica. A diferencia del campo, donde las políticas populistas no detienen la producción existente de inmediato, en la minería o la energía estas medidas paralizan la inversión rápidamente. Por estas restricciones e incentivos, considero que el rumbo iniciado continuará cualquiera sea el próximo gobierno.

Un proceso de desarrollo de esta magnitud requiere indefectiblemente la continuidad a través de varios mandatos presidenciales sucesivos para concretar una transformación profunda. ¿Cómo analizás esa dinámica política e institucional?

La democracia implica alternancia y ningún proyecto se construye sobre una sola persona. Argentina está saliendo de 15 años de decadencia, estanflación, aislacionismo y aumento de la pobreza, empalmando con una estabilización macroeconómica que permite integrarnos al mundo. Se presenta una oportunidad de desarrollo comparable a la de fines del siglo XIX y principios del XX con la expansión de la frontera agrícola y las inversiones en infraestructura. Si el sistema político acompaña, puede surgir una oposición racional que discuta matices —como el grado de apertura, el nivel de impuestos o de regulaciones— sin destruir las bases fundamentales: la estabilidad macroeconómica y una inserción inteligente en el mercado global basada en nuestros recursos naturales. Actualmente existe una economía a dos velocidades: en la cordillera se han otorgado las cuatro condiciones clave para invertir (baja de impuestos, estabilidad fiscal, acceso a divisas y seguridad jurídica), mientras que el resto del país opera en la Argentina del pasado, con alta presión tributaria, inestabilidad jurídica, cepo cambiario y falta de certezas. Estas condiciones deben extenderse a toda la economía a través de consensos en el sistema político.

En esa "Argentina del pasado" vive y trabaja la mayoría de la población en sectores que han perdido competitividad. Ante el riesgo de un impacto social elevado en el proceso de reconversión, ¿ves factible aplicar políticas que permitan gestionar una transición ordenada sin generar una regresión política?

Es el gran desafío de la transición. Otros países con procesos de apertura, como Australia, tardaron dos décadas en reconvertirse de una economía cerrada hacia un modelo enfocado en servicios de altos salarios y proveedores mineros. En Argentina, el factor faltante en el corto plazo es la recuperación macroeconómica por el lado de la demanda. Si el crédito hipotecario y la construcción estuvieran activos y los proveedores locales se vincularan a las industrias en expansión, los costos sociales serían mucho menores. Sin embargo, el país combina la reconversión estructural con una estabilización macroeconómica inconclusa, condicionada por la incertidumbre electoral. Al persistir el cepo cambiario y reglas monetarias transitorias, el crédito, el consumo y la construcción continúan paralizados, sumando el peso de la recesión al proceso de transformación productiva.

Dado que existen restricciones para evitar un rebrote inflacionario, ¿considerás que el Gobierno tiene margen de maniobra para estimular la actividad económica sin recurrir a un gasto público desmedido?

Es una situación compleja porque el Gobierno enfrenta dilemas de gestión: teme flexibilizar la política monetaria por su impacto en la inflación, mientras que la menor actividad afecta la recaudación y el equilibrio fiscal. Se han implementado algunas medidas posibles, como destinar fondos del FGS a créditos hipotecarios y flexibilizar el crédito corporativo en dólares. No obstante, para normalizar la economía se requiere tomar decisiones de fondo que el Gobierno percibe con cierto riesgo ante la cercanía de procesos electorales. En el plano estrictamente macroeconómico, se necesitan dos acciones clave: en la política monetaria, eliminar el cepo para las empresas, clarificar la regla monetaria y permitir la libre flotación del tipo de cambio; y en la política fiscal, ejecutar un verdadero plan de infraestructura que justifique un desequilibrio transitorio pero volcado al futuro del país.

¿En qué proyectos y líneas de trabajo están enfocando las prioridades actualmente desde CIPPEC?

En CIPPEC trabajamos en la "agenda del futuro", analizando tres macrotendencias globales: la geopolítica, la inteligencia artificial y la demografía, para diseñar las políticas públicas prioritarias que requiere el país. Entre las propuestas centrales, impulsamos la profesionalización de la carrera docente para elevar la calidad educativa, la reforma del sistema previsional para adaptar la estructura al envejecimiento poblacional, la reforma del sistema de salud y la modernización de un Estado ágil mediante una ley de gobernanza de datos que permita administrar grandes volúmenes de información y tomar decisiones eficientes en tiempo real.

Entrevista de Sergio Suppo.

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