El Partido del Estado, que vive de la inflación, no se va a entregar así nomás

Adrián Simioni

Todas las iniciativas de Javier Milei para frenar el desastre fiscal del Estado y la megainflación y la pobreza que eso viene provocando desde hace décadas están siendo desflecadas, mochadas, destruidas por distintas vías.

Y la razón es muy sencilla: el Partido del Estado que ha gobernado siempre el país en su beneficio, todas las castas que viven de la inflación y de normas burocráticas que son patentes de corsarios proteccionistas y regulados, no se van a entregar tan fácilmente a la sociedad, al sector privado que ya no da más de pagarles impuestos, incluido el inflacionario, para que ellos tengan los privilegios que tienen.

El tratamiento de la ley Ómnibus se vuelve a demorar una y otra vez aunque el gobierno ya la reescribió para hacer concesiones a gobernadores y políticos más interesados en poder seguir manteniendo sus paraísos de ñoquis, jubilados estatales y privilegios que en llegar al déficit cero. Le exigen a Milei lo imposible: que no suba retenciones y a la vez que les mande plata para sus jubilados estatales, que no privatice empresas que son barriles sin fondo y a la vez que les mande a ellos más plata que antes.

Los intendentes de las principales ciudades del país, encabezados por el de Córdoba, Daniel Passerini, le reclaman que les dé a ellos los mismos subsidios grotescos al transporte público que desde hace décadas recibe el Amba. ¿Qué parte de “no hay plata” no entienden? Hay que pedir igualdad de tratamiento. Y eso es que se reduzcan los subsidios de transporte del Amba hasta que sean iguales a los del interior. No que emitamos más pesos truchos para subir los subsidios a todos. Passerini tiene que dejar de duplicar oficinas, como están a punto de hacerlo con la creación de un Ente de Fiscalización. Dejen de quemar impuestos.

Ni hablar de la Justicia. Un juez K bonaerense frena el aumento del transporte público en el AMBA. Una jueza nacional regala cautelares para garantizar el derecho de la CGT y los sindicatos a amenazar a empleados que se nieguen a bloquear a su empresa o que no se sumen a un paro. Los jueces son también parte del aparato estatal que oprime a la sociedad privada. También ellos viven del presupuesto público.

En el Senado, los senadores kirchneristas se aprestan a apurar una sesión especial el próximo jueves: dicen tener los votos para rechazar el DNU en bloque.

Para terminar con la inflación la Argentina debe dejar de emitir pesos a la cantidad de gente que no trabaja de verdad o que directamente no trabaja pero vive de pesos sin respaldo emitidos por el Estado. Para que toda esa gente pase a trabajar de verdad se necesitan empresas que generen empleos y un mercado laboral flexible que permita emplear a cientos de miles de personas que creen que han trabajado en las últimas décadas pero que, en realidad, en el mejor de los casos, sólo calentaron sillas. De esa forma se reduciría la emisión y, a la vez, se producirían más bienes y servicios para que todos consumamos. Se llama crecimiento. Y así, despacito, se baja la pobreza.

Pero el Partido del Estado no quiere saber nada. Son muchos los que perderían su poder, los que tendrían que trabajar, y los que verían el fin de sus curros y contratos. Y están haciendo todo lo posible para impedir que la Argentina cambie. Y a la cabeza de esto están gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios prebendarios y corporaciones profesionales que prefieren medrar en la decadencia antes que trabajar, ahorrar e invertir en una austeridad próspera.