Derriban otro bunker: "La competencia provincial ayudó a reducir la violencia"

Mientras se concretaba este miércoles el derribo de un nuevo búnker de venta de drogas en Rosario, el fiscal de Microtráfico Diego Giro defendió la política de persecución del narcomenudeo impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y aseguró que la intervención provincial en este tipo de delitos contribuye a reducir la violencia en los barrios.

Las declaraciones del fiscal se producen en medio del debate judicial abierto entre el MPA y la Cámara Penal de Rosario por una serie de fallos alrededor de la ley de desfederalización que trasladó a la Justicia provincial la investigación de la venta de drogas a baja escala.

El fiscal habló en el marco de un operativo en el que se derribaba un punto de venta de droga que funcionaba en un barrio donde, según detalló, se registraron graves episodios de violencia armada. "La competencia provincial del microtráfico ayuda a reducir y ha ayudado a reducir los niveles de violencia. Estamos hablando de que en esta zona hubo un doble homicidio, pero si relevamos de un año para atrás hubo más homicidios en un radio de 100 metros, hubo heridos de armas de fuego, hubo balaceras", aseguró.

En ese sentido, remarcó que el derribo de estos inmuebles es una herramienta judicial destinada a desactivar esos focos delictivos. “Sabemos que estas políticas de intervención activa en el territorio, como es una medida cautelar en términos técnicos, el derribo, ayudan a evitar eso”, dijo el fiscal, con funciones bajo la órbita de la Fiscalía General de Santa Fe.

Giro también se refirió al debate jurídico abierto por algunos fallos judiciales que cuestionan determinadas medidas en el marco de la persecución del microtráfico. “Sabemos que hay discusiones técnicas, jurídicas, que se dan y que a veces sirven para fundar determinadas resoluciones, pero nosotros no estamos de acuerdo, repito, por la línea institucional que tenemos”, añadió.

Según explicó, la política criminal del MPA apunta a investigar organizaciones con base territorial, responsables de la venta de drogas en los barrios y de los hechos de violencia asociados. “Nosotros no buscamos la investigación del narcotráfico porque es una cuestión de la Justicia Federal, pero sí buscamos desactivar y enjuiciar a las personas que se vinculan a la venta de droga en los territorios y que son las que generan violencia”, indicó.

El fiscal Giro prosiguió: “Todas estas violencias son gerenciadas por personas que se dedican al microtráfico, de manera organizada, pero de manera territorial”.

"No es una postura caprichosa la de la Fiscalía en entender que debemos investigar estas organizaciones, sino que tiene además un fundamento jurídico porque fue el espíritu de la ley de defederalización del narcomenudeo”, concluyó Diego Giro.

Las declaraciones del fiscal se dan en un contexto de tensión institucional, luego de que el fiscal regional Matías Merlo cuestionara públicamente a camaristas por fallos vinculados a este tipo de investigaciones, lo que motivó una respuesta de los magistrados y abrió un debate en el que los jueces le pidieron analizar la situación a la Corte Suprema, la Legislatura y la Auditoría del MPA.

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