Nicaragua avanza en reforma que excluye a opositores calificados de "traidores"

Buenos Aires, 30 agosto (NA) — La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, tiene previsto aprobar el próximo 21 de septiembre en primera legislatura una reforma constitucional que impedirá la participación electoral de opositores considerados por el Gobierno como "traidores a la patria", según lo comunicó el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.

Porras aseguró: "Vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando", durante una sesión especial que tuvo lugar en el norte del país. Asimismo, anunció que las consultas parlamentarias sobre las modificaciones concluirán el 1 de septiembre, según informaron diversas agencias internacionales.

Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega, quien en julio había afirmado que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", refiriéndose a la posibilidad de que la oposición retome el poder. La reforma introduce restricciones que buscan impedir la participación electoral de individuos calificados como "golpistas" o "traidores a la patria", incluyendo a aquellos a quienes el Gobierno les ha retirado la nacionalidad nicaragüense.

Para que la reforma constitucional entre en vigor, deberá ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. La primera votación está programada para el 21 de septiembre y la segunda se llevará a cabo en la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2027.

Este proceso se desarrolla en un contexto de críticas internacionales significativas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que esta reforma podría limitar la competencia política y las condiciones necesarias para una alternancia democrática.

Las modificaciones son parte de una reforma constitucional más amplia, que incluye cambios en 14 artículos de la Carta Magna. Además, el Parlamento ha añadido una disposición que busca anular en Nicaragua leyes extranjeras que, según el oficialismo, intentan imponer su voluntad sobre el país.

Las elecciones generales, inicialmente previstas para noviembre de 2026, han sido reprogramadas para noviembre de 2027 debido a reformas constitucionales anteriores.

El avance de esta reforma se produce en medio de un creciente conflicto entre el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo y organismos internacionales, así como gobiernos extranjeros, a raíz de denuncias sobre persecución contra opositores, exilio y pérdida de nacionalidad.

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