La nueva Corte de Constitucionalidad en Guatemala busca recuperar la confianza ciudadana

CIUDAD DE GUATEMALA — Abogados y expertos en materia constitucional coinciden en la necesidad de restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial de Guatemala, tras la reciente conformación de la Corte de Constitucionalidad (CC), el órgano más alto de justicia del país, que ejercerá funciones durante los próximos cinco años.

En el último periodo, la Corte recibió críticas por algunos fallos polémicos, donde se dice que incluso protegió a individuos relacionados con el crimen organizado, incluyendo narcotráfico, pandillas, corrupción y crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, los especialistas enfatizan que la tarea primordial de los nuevos magistrados será recuperar la confianza que se ha perdido.

La Corte de Constitucionalidad es una de las cinco instituciones del país centroamericano que renovará su dirección este año, junto con la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral, el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Lo que debe hacer es restaurar el concepto de una Corte jurídica y técnica, y no emitir resoluciones a la medida de intereses particulares; debe generar mayor confianza, especialmente por sus decisiones tan controvertidas", afirmó Carlos Luna Villacorta, exmagistrado suplente de la CC.

Edgar Ortíz, un joven abogado especializado en temas constitucionales, expresó que observa con interés la nueva integración. "Si se analiza con perspectiva, la conformación de la CC es interesante y habrá que monitorearla", comentó.

El pasado miércoles, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el nombramiento de las abogadas Gladys Annabellla Morfin, exprocuradora general de la nación, y María Magdalena Jocholá, abogada maya con experiencia en temas de pueblos indígenas, como magistrada titular y suplente, respectivamente. Con esta designación se completa la integración, que también incluye a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, electos por el Colegio de Abogados, y a Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre, designados por la Universidad de San Carlos.

El Congreso reeligió a Roberto Molina Barreto y a Luis Rosales Marroquín como magistrados, mientras que la Corte Suprema de Justicia designó a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua. Ambas duplas han sido criticadas por haber emitido fallos que beneficiaron a acusados de narcotráfico, corrupción y pandillas, así como a militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

Cuatro de las cinco nuevas magistraturas titulares estarán a cargo de mujeres. Según el politólogo y académico Renzo Rosal, la nueva corte presenta un equilibrio, aunque no se anticipan grandes cambios debido a la desconfianza generalizada en la población.

La magistrada titular designada por Arévalo, Morfín, de 75 años, será la primera en presidir la Corte en este nuevo periodo, un cargo que se ocupa por un año y se asigna por orden de edad. Luna Villacorta instó a los abogados a enfocarse en cumplir con la Constitución, dejando de lado las influencias de quienes los designaron, ya que la Corte tiene un poder significativo.

"Desafortunadamente, cada organismo elige a quienes le conviene, como si debieran seguir instrucciones, lo cual no debería ser así; el principio debe ser cumplir con la Constitución", agregó. Además, destacó que el interés del Ejecutivo al hacer estas designaciones fue fundamental para asegurar un mínimo de gobernabilidad durante los primeros años de la nueva corte.

Por su parte, el abogado ambientalista y de derechos humanos Rafael Maldonado señaló que la integración de la CC muestra una tendencia conservadora que podría desatender la protección de otros derechos que la Constitución garantiza, incluyendo el derecho a un ambiente sano.

Temas