La ATF de EE. UU. cancela contrato de rastreo telefónico tras críticas legislativas

WASHINGTON — La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) ha decidido cancelar un contrato que le permitía usar una herramienta de vigilancia capaz de rastrear dispositivos móviles sin la necesidad de una orden judicial. Esta decisión se produjo después de que dos legisladores, un fiscal y un juez expresaran serias dudas sobre la legalidad de dicha herramienta en el contexto de investigaciones penales.

La ATF, encargada de hacer cumplir las leyes de armas en el país, comunicó a The Associated Press que ha suspendido lo que definió como un programa "piloto" que utilizaba una tecnología conocida como Webloc. Esta decisión fue influenciada por las reservas planteadas por el representante republicano de Texas, Michael Cloud, y el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, quienes cuestionaron el uso de datos comerciales masivos de ubicación por parte de la agencia.

Webloc, desarrollada por la empresa Penlink, obtiene datos de aplicaciones y redes publicitarias que registran la ubicación de dispositivos móviles de los consumidores que utilizan ciertas aplicaciones o navegan por internet. Este tipo de datos, conocidos como "ad tech" o tecnología publicitaria, ha generado controversia en el ámbito de la aplicación de la ley, ya que permite a las agencias evitar los requisitos de una orden judicial para identificar dispositivos móviles en áreas específicas durante momentos determinados.

En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las fuerzas del orden necesitaban una orden judicial para que las compañías de telefonía celular proporcionaran datos históricos de ubicación de un sospechoso en una investigación penal. Sin embargo, la corte no se ha pronunciado sobre el creciente uso de datos adquiridos comercialmente.

La ATF, en su comunicado, afirmó que la herramienta "no satisface nuestras necesidades" y que no utiliza otros servicios basados en tecnología publicitaria. Un portavoz de la agencia destacó que la ATF evalúa continuamente herramientas y técnicas para mejorar sus investigaciones y, en última instancia, reducir el crimen violento en las comunidades estadounidenses. "Realizamos una prueba piloto con Webloc para determinar si podía mejorar nuestras capacidades de investigación", añadió el portavoz.

El senador Wyden calificó la decisión de la ATF como "una victoria para los derechos constitucionales de los estadounidenses".

La ATF reconoció en una audiencia ante el Congreso que había adquirido datos de geolocalización de teléfonos celulares de estadounidenses, lo que suscitó inquietudes sobre la privacidad. Tras estas preocupaciones, la agencia se vio obligada a obtener una orden judicial tradicional para acceder a un volumen de datos de torres de telefonía celular de las compañías telefónicas.

Otros usuarios de la tecnología Webloc incluyen al Ejército de Estados Unidos y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como agencias locales de seguridad pública. La herramienta también ha sido utilizada por fuerzas de seguridad internacionales, incluyendo la policía nacional de El Salvador y agencias de inteligencia de Hungría.

La ATF decidió cancelar el contrato luego de que se revelara que había realizado más de 300 búsquedas sin orden judicial utilizando la herramienta, muchas de ellas relacionadas con casos activos. La preocupación por la legalidad de estos procedimientos ha llevado a una mayor vigilancia sobre cómo las agencias gubernamentales utilizan datos de ubicación comercial.

En respuesta a las inquietudes planteadas, Penlink expresó su orgullo por la relación con la ATF, que les ha permitido apoyar la misión de la agencia en la lucha contra el crimen violento.

El uso de datos de ubicación comercial por parte de agencias de seguridad pública continúa siendo una práctica común, con otras entidades como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional aún comprando datos de este tipo para sus operaciones. Un grupo bipartidista de legisladores ha propuesto un proyecto de ley que prohibiría la compra de datos sin una orden judicial, buscando proteger la privacidad de los ciudadanos.

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