Juez federal suspende conversión de almacén en Maryland para inmigrantes

Un juez federal extendió el miércoles una suspensión en la conversión de un amplio almacén en Maryland a un centro de procesamiento para inmigrantes. Esta decisión se produce mientras funcionarios federales evalúan un plan que busca albergar a decenas de miles de personas en instalaciones industriales adaptadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió en enero el edificio de 76.645 metros cuadrados, cercano a la localidad de Hagerstown, en el condado de Washington, por un costo de 102,4 millones de dólares. Este edificio fue uno de los 11 almacenes comprados a nivel nacional, y se esperaba que se convirtiera en uno de los primeros en comenzar a operar, con capacidad para albergar entre 500 y 1.500 detenidos.

No obstante, el gobierno federal ha enfrentado una fuerte oposición en todo el país, lo que llevó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a revisar el plan. A pesar del respaldo expresado por las autoridades del condado de Washington hacia el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el estado presentó una demanda.

En la demanda, el estado de Maryland argumenta que el gobierno federal no cumplió con las revisiones ambientales necesarias, señalando que el edificio se ubica en una llanura de inundación y que no se solicitaron comentarios del público sobre los planes hasta más de un mes después de la compra.

Numerosos grupos manifestaron su preocupación antes de que finalizara el período de comentarios públicos, el 5 de marzo. Sin embargo, se alega que el ICE, con recursos significativos tras recibir una gran asignación del Congreso, emitió al día siguiente un contrato de 113 millones de dólares para la renovación del edificio, con trabajos previstos para finalizar el 4 de mayo.

El juez federal emitió una orden de restricción temporal que detuvo las obras de adaptación del edificio. Tras una audiencia el miércoles, se aceptó una medida cautelar preliminar que solo permite realizar trabajos limitados, como la instalación de cercas y sistemas de calefacción y refrigeración, hasta que se resuelva el caso.

El DHS expresó su desacuerdo con el fallo, afirmando que "esto no tiene que ver con el medio ambiente, sino que es un intento de impedir que el presidente Trump logre que Estados Unidos sea seguro". En una presentación judicial anterior, el gobierno había indicado que el ICE estaba reconsiderando los planes para el almacén.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la medida cautelar como un "paso importante y bienvenido hacia adelante". El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, destacó que esto demuestra que "nadie, ni siquiera el gobierno federal, está por encima de la ley".

Matthew Schindler, delegado estatal de Maryland y opositor al proyecto, comentó que el plan de los funcionarios de inmigración "dejaba de lado la rendición de cuentas".

"No queremos ver a nuestra comunidad en riesgo por atajos", enfatizó.

La demanda de Maryland es una de tres que se encuentran pendientes en un tribunal federal, mientras que funcionarios de otras localidades han intentado bloquear las reconversiones de almacenes, alegando que la infraestructura de agua y alcantarillado es insuficiente.

El condado de Washington se ha convertido en el epicentro de estas disputas, según Kyle McCarthy, de Hagerstown Rapid Response, que lucha contra el proyecto. "Hemos ayudado a mostrar un modelo de cómo otras comunidades pueden luchar y evitar que esto ocurra", expresó.

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El reportero de la AP Brian Witte contribuyó a este despacho desde Annapolis, Maryland.

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