Familiares de víctimas de la violencia en Perú anuncian marcha contra el gobierno de Fujimori

LIMA — Un grupo de familiares de personas asesinadas por la fuerza pública en Perú durante los últimos 40 años, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, han convocado una marcha en Lima para el próximo 28 de julio. Esta protesta se lleva a cabo en rechazo al inicio del gobierno de Keiko Fujimori, presidenta electa, a quien consideran que no los representa.

Durante una conferencia de prensa, Milagros Samillán, hermana de una de las 50 víctimas civiles asesinadas durante las protestas contra el gobierno de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), expresó que no dialogarán con quienes consideran responsables de proteger a Boluarte. Asimismo, cuestionó la figura de Fujimori, señalándola como "la hija de un dictador" que violó derechos humanos y llevó a cabo esterilizaciones forzadas.

La situación de Boluarte, quien asumió tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, ha desatado un ciclo de protestas que resultaron en la muerte de numerosos civiles. Las manifestaciones exigían su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones. Castillo fue condenado a 11 años de prisión por conspiración tras su intento fallido de disolver el Congreso.

Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido criticada por su vinculación con un pasado autoritario. Su padre, condenado por corrupción y por violaciones a los derechos humanos, disolvió el Congreso en 1992 y su gobierno fue marcado por la represión y la violencia.

A pesar de que Alberto Fujimori sigue enfrentando investigaciones por su presunta responsabilidad en delitos como la esterilización forzada de mujeres, su hija ha expresado su deseo de reconciliación. Sin embargo, esto ha sido recibido con escepticismo por parte de las víctimas y sus familias.

En la marcha, también se espera que se exija justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, donde las fuerzas de seguridad, según un informe de la ONU, violaron derechos humanos al utilizar la fuerza letal y torturar a manifestantes. Aunque Fujimori no ha hecho declaraciones sobre este tema, su partido ha aprobado recientemente una ley que podría limitar la justicia para los delitos cometidos por policías y militares.

La hermana de una de las víctimas, Gisela Ortiz, subrayó que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta, aludiendo a su papel en el gobierno de su padre y a la corrupción que caracterizó su administración.

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