Exfuncionario de Milei enfrentará juicio por corrupción en la Agencia de Discapacidad

BUENOS AIRES — Un juez argentino ha formalizado la acusación contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a otros exfuncionarios y empresarios, por delitos como el cobro de sobornos y fraude al Estado. Esta causa se enmarca en irregularidades en la adquisición de medicamentos destinados a personas con discapacidad, y representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en el gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo el lunes, sin prisión preventiva, por varios cargos, incluyendo negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo, entre otros. La resolución del juez destaca que el exfuncionario no solo colocó a personas afines a intereses ajenos a la administración en puestos clave, sino que también supervisó el direccionamiento de precios en beneficio de ciertas droguerías a cambio de sobornos.

En sus declaraciones, el juez indicó que "además de haber colocado en puestos claves a personas que respondían a intereses ajenos a la administración —los de la organización delictiva—, Spagnuolo articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías a cambio de sobornos".

Spagnuolo, quien previamente había sido abogado de Milei, ocupó el cargo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad hasta su destitución en agosto, tras la divulgación de audios en los que se mencionaba el pago de sobornos a la hermana del presidente, Karina Milei, para autorizar la compra de medicamentos. En uno de los audios, se escucha que "a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria".

Tras la revelación de estos audios, Milei removió a Spagnuolo y ordenó la intervención de la agencia. Aunque el presidente ha negado en múltiples ocasiones la implicación de su hermana, ha señalado que este caso es utilizado políticamente por la oposición.

A pesar de que Karina Milei no enfrenta cargos, la situación ha generado un impacto negativo en un gobierno que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción de la política tradicional. La acusación se da en un contexto de recortes significativos en el área de discapacidad implementados por Milei.

El juez Casanello advirtió que el esquema de corrupción podría no ser un fenómeno aislado y que es necesario profundizar en la investigación para esclarecer posibles complicidades. Además de Spagnuolo, se acusó a otros funcionarios y lobistas involucrados en la red de corrupción, sumando un total de 19 imputados.

El magistrado señaló que la organización estaba dedicada a generar ingresos ilícitos en detrimento del erario público y de la población vulnerable con discapacidad. Según el juez, "la maniobra se completó con pagos indebidos a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran las contrataciones en favor de intereses particulares".

Las irregularidades habrían beneficiado a algunas droguerías con contratos que superan los 30.000 millones de pesos (alrededor de 21 millones de dólares), de acuerdo con estimaciones judiciales. En su declaración, Spagnuolo negó los cargos en noviembre pasado. Aunque los acusados continuarán el proceso en libertad, se ha dispuesto un embargo sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.

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