El Supremo Tribunal de Brasil avala leyes que desmantelan la moratoria de la soya en la Amazonía

RÍO DE JANEIRO — El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictó un fallo desfavorable para la moratoria de la soya en el país, al ratificar leyes estatales que eliminan incentivos fiscales para los agricultores que respetan el acuerdo que prohíbe la compra de soya cultivada en tierras amazónicas deforestadas. A pesar de esto, la corte reafirmó la constitucionalidad del pacto voluntario.

En enero, importantes comerciantes de granos abandonaron la moratoria de la soya, que había contribuido a reducir la deforestación durante casi 20 años, luego de que los principales estados productores de soya implementaran legislaciones que revocaban los beneficios fiscales para las empresas adheridas al acuerdo.

Brasil, que se posiciona como el mayor productor de soya a nivel global, representa cerca del 40% de la producción mundial. La mayoría del cultivo se desarrolla en estados del centro y norte, que incluyen áreas del bioma amazónico como Mato Grosso, Pará y Rondônia.

La Amazonía, considerada la selva tropical más extensa del planeta, juega un papel vital en la regulación del clima no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial. Investigadores advierten que la pérdida de esta cobertura forestal podría intensificar el calentamiento global y afectar la agricultura en regiones tan distantes como el centro-norte de Estados Unidos y partes de Europa.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brasil produjo 171,5 millones de toneladas métricas de soya en la campaña 2024-25, con China como principal destino de sus exportaciones.

Establecida en 2006, la moratoria fue una respuesta a la presión de organizaciones ambientalistas y compradores internacionales, convirtiéndose en un compromiso voluntario respaldado por el gobierno brasileño. Este acuerdo prohíbe la adquisición de soya cultivada en tierras amazónicas que hayan sido deforestadas después de julio de 2008.

Sin embargo, los productores de soya argumentan que la moratoria ha perjudicado sus negocios, ya que consideran que es más restrictiva que la legislación ambiental brasileña. Según las normas nacionales, los agricultores en la Amazonía deben preservar el 80% de sus tierras y pueden talar legalmente el 20% restante. En cambio, la moratoria prohíbe cualquier tipo de deforestación, incluso cuando la ley lo permite.

Un estudio reciente publicado en la revista Science indica que la moratoria ha ayudado a disminuir la deforestación en áreas de riesgo en un 35% durante la primera década de su implementación, sin afectar la productividad. La finalización de este acuerdo podría resultar en la deforestación de hasta 1,4 millones de hectáreas en la próxima década, dejando un área equivalente al tamaño de Portugal vulnerable a la deforestación legal.

La deforestación en Brasil había disminuido significativamente desde sus picos en las décadas de 1990 y 2000, pero se vio afectada durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue criticado por debilitar las protecciones ambientales. Sin embargo, bajo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestación ha vuelto a disminuir, alcanzando sus niveles más bajos en una década.

La coordinadora jurídica de Greenpeace Brasil, Angela Barbarulo, destacó que el reconocimiento por parte del Supremo Tribunal Federal de la constitucionalidad de la moratoria es "enormemente importante", aunque el fallo se ve debilitado por su apoyo a leyes estatales que penalizan a agricultores y empresas que adoptan estándares ambientales superiores a los exigidos por la ley.

"Hay una aparente contradicción entre reconocer la importancia ambiental de la moratoria de la soya y, al mismo tiempo, validar leyes estatales que pueden debilitar su eficacia", expresó Barbarulo. "Cuando se trata de proteger la Amazonía, no deberíamos permitir que la legislación estatal cree lagunas o incentivos que socaven compromisos ambientales construidos colectivamente".

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (ABIOVE) indicó que la decisión del Supremo Tribunal Federal pone fin a años de incertidumbre jurídica y valida los compromisos voluntarios de sostenibilidad adoptados por los comerciantes. Sin embargo, el grupo se refirió a la moratoria en pasado, lo que sugiere que la decisión del miércoles probablemente no reactivará el pacto.

La ABIOVE también expresó su esperanza de que el fallo "abra una nueva fase de diálogo entre diferentes partes de la cadena de suministro, con un enfoque en la seguridad jurídica, la competitividad y la sostenibilidad".

Por su parte, la Asociación de Productores de Soya de Mato Grosso, que se opuso a la moratoria, afirmó que el fallo refuerza la autoridad de los gobiernos estatales para resistir medidas del sector privado que imponen restricciones ambientales más allá de lo que exige la ley. Además, se comprometió a seguir combatiendo cualquier acuerdo futuro que recree las restricciones de la moratoria.

Temas