CIDH urge a México a enfrentar crisis de desaparecidos por complicidad con el crimen

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a México para que implemente medidas urgentes ante lo que describió como una crisis "grave" y "generalizada" de desapariciones, intensificada por la violencia y la complicidad de ciertos funcionarios con grupos criminales.

El informe de la CIDH fue presentado en un contexto de creciente preocupación, justo un mes después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitara que la situación de México se discutiera en la Asamblea General de la ONU, una petición que fue rechazada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El dolor de esta crisis se refleja en las palabras de la activista Conchita Belmontes, quien recientemente recibió la noticia de que el cuerpo de su hijo, desaparecido hace casi diez años, había estado sin identificar en un servicio forense en Jalisco durante todo ese tiempo. Belmontes expresó su rabia y tristeza, afirmando que "todo este tiempo tuvieron el cuerpo de mi hijo, pero nunca me lo dijeron".

El caso de Juan Antonio Olmeda Belmontes, desaparecido en junio de 2016, es uno de los más de 70,000 cuerpos no identificados que permanecen en morgues de México, contribuyendo a una crisis que ya cuenta con casi 134,000 desaparecidos en total.

La CIDH, al evaluar la situación, destacó que la crisis es resultado de una "falta de eficacia" en las medidas de prevención, altos niveles de violencia, desconfianza en las autoridades y una "impunidad estructural" que persiste en el país. La comisión identificó a una variedad de víctimas de desapariciones, incluidos niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, así como periodistas y activistas.

Para abordar esta problemática, la CIDH emitió 40 recomendaciones al gobierno mexicano, enfatizando la necesidad de fortalecer las instituciones estatales, involucrar a las víctimas y sus familias en el proceso y desmantelar redes de complicidad entre el crimen organizado y funcionarios estatales. Además, instó a la implementación de "medidas extraordinarias" para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción.

Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, aclaró que el informe no busca atribuir responsabilidad legal al Estado mexicano, sino ofrecer cooperación técnica para abordar la crisis. Pochak recordó que la CIDH ha colaborado con México en el pasado, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

A diferencia de la tensión generada por el informe del CED, el gobierno de Sheinbaum ha recibido positivamente las recomendaciones de la CIDH en esta ocasión. Sin embargo, para Belmontes, la lucha continúa. A sus 65 años y con un diagnóstico de cáncer de colon, afirmó que no se detendrá hasta que los responsables de la demora en la identificación de su hijo enfrenten la justicia. "Seguiré luchando para que otras madres no pasen lo mismo que yo pasé", concluyó.

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