Aumento de amenazas a jueces federales en medio de críticas de Trump

En 2020, un litigante descontento se hizo pasar por un repartidor y disparó en la casa de la jueza de distrito Esther Salas en Nueva Jersey, matando a su hijo de 20 años, Daniel Anderl. Cinco años después, a medida que el presidente Donald Trump intensificó sus críticas hacia los magistrados federales que han bloqueado parte de su agenda, decenas de jueces recibieron pizzas no solicitadas en sus hogares, a menudo a nombre de Daniel Anderl.

El juez de distrito John J. McConnell, Jr., de Rhode Island, quien frenó la primera ronda de recortes de gastos generales de Trump, es uno de los que recibió pizzas a nombre de Anderl. Su tribunal además recibió un gran número de llamadas amenazantes, incluida una en la que se pedía su asesinato.

McConnell, Jr. reprodujo una grabación de la llamada durante una inusual discusión el jueves, en la que varios jueces federales hablaron sobre las amenazas que recibieron, una conversación notable ya que los magistrados solo suelen hablar públicamente desde el estrado y a través de sus fallos, y raramente, si acaso, sobre amenazas y ataques personales. Salas y muchos otros aseguraron que el número de ataques se intensificó en los últimos meses.

Sin mencionar su nombre, Salas hizo un llamado a Trump y sus aliados a moderar su discurso y dejar de satanizar al poder judicial, por temor a lo que podría suceder.

“Estamos acostumbrados a ser apelados. Pero mantengan lo dentro de los méritos, dejen de satanizarnos”, señaló Salas. “Están invitando a que nos hagan daño”.

El evento del jueves fue patrocinado por Speak up for Justice, un grupo no partidista que está a favor de un poder judicial independiente. El juez federal John C. Coughenour, de Washington, recordó que, después de que frenó en enero pasado la orden ejecutiva de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que se encuentran sin autorización legal en el país, se llamó a un equipo SWAT a su casa para responder a un informe falso de un ataque.

Al juez de distrito Robert S. Lasnik, de Washington, también se le enviaron pizzas a nombre de Anderl, tanto en su residencia como en las de sus dos hijos adultos, después de que un artículo en el que fue citado por criticar los ataques contra magistrados fuera reproducido por una estación de televisión del noroeste del país.

“El mensaje, para mí, fue ‘sabemos dónde vives, sabemos dónde viven tus hijos, y podrían terminar muertos como Daniel Anderl’”, comentó Lasnik en una entrevista.

Salas afirmó que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos le informó que han habido más de 100 casos de “pizza doxings” —entregas no deseadas a los hogares de jueces federales y sus familias— desde 2024, la mayoría este año. Salas agregó que ha oído de casos adicionales contra jueces estatales, incidentes que no serían rastreados por el Servicio de Alguaciles que está encargado de proteger a los jueces federales.

“No son actos aleatorios y tontos, son ataques dirigidos, concentrados y coordinados contra los jueces”, señaló Salas en una entrevista, “y sin embargo no escuchamos ninguna condena desde Washington”.

Salas, quien fue nominada por el presidente Barack Obama, criticó en 2022 las protestas frente a las residencias de los magistrados de la Corte Suprema que fueron designados por republicanos y revocaron el derecho de las mujeres a abortar. A esas marchas les siguió el arresto de un hombre en la casa del juez Brett Kavanaugh, quien dijo que estaba allí para asesinar al juez. Salas dijo que ambos lados del espectro político han utilizado una retórica preocupante sobre los jueces, pero el discurso ha alcanzado un nuevo pico desde que Trump asumió el cargo.

“A menudo me he referido a esta situación como una hoguera a la que creo que el gobierno actual le está echando acelerantes”, comentó Salas.

El propio Trump ha encabezado la carga contra los jueces, a menudo atacándolos por su nombre en redes sociales. Ha dicho que los jueces que han fallado en contra de su gobierno están “enfermos”, son “muy peligrosos” y “lunáticos”. Los aliados de Trump han amplificado su discurso y han pedido que se destituya a los jueces que fallan en contra del presidente o simplemente desobedecen sus fallos. A principios de este año, varios jueces en el panel señalaron que fuera de la oficina del representante Andy Ogles en el Congreso había una lista de jueces que habían traicionado al presidente.

Lasnik afirmó que muchos jueces, designados por presidentes de ambos partidos, le han externado sus preocupaciones, pero no se sienten cómodos de discutir el tema abiertamente.

“Muchos de ellos no saben cómo levantar la voz y tienen miedo de cruzar una línea que los lleve a recibir una queja judicial como lo hizo el juez Boasberg”, señaló Lasnik, refiriéndose al juez de distrito James E. Boasberg de D.C., quien enfureció al gobierno federal al encontrar que probablemente cometieron desacato criminal al desobedecer su orden de enviar de regreso al país un vuelo con deportados que se dirigía a El Salvador.

Aunque el presidente de la Corte Suprema John Roberts ha salido en defensa de Boasberg, el Departamento de Justicia presentó esta semana una queja contra Boasberg por los comentarios que hizo en una conferencia judicial, asegurando que otros jueces temen que el gobierno desobedezca sus órdenes. El mes pasado, el Departamento de Justicia tomó el extraordinario paso de presentar una demanda contra todos los jueces federales en Maryland sobre las reglas que rigen cómo manejan los casos de inmigración.

Más de 60 jueces que han fallado en contra de Trump reciben protección en línea adicional, incluida la eliminación de su información identificativa de los sitios web, según dos jueces nombrados por Trump que escribieron al Congreso para pedir más fondos para la seguridad judicial.

El Congreso aprobó en 2022 una ley nombrada en honor a Daniel Anderl que permite a los jueces demandar a sitios de internet para que eliminen su información identificativa.

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