Montero: “Pagan justos por pecadores al recortar las pensiones por discapacidad”

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¿Cuál es la situación actual de la salud y las necesidades básicas en la provincia de Córdoba?

Córdoba cuenta con un sistema de salud muy potente en todos sus niveles, pero la realidad muestra que el número de personas sin cobertura de salud ascendió de 1.300.000 en 2022 a 1.700.000 en la actualidad. Aunque la ciudadanía valora altamente a nuestros equipos profesionales y la tecnología que empleamos, el principal obstáculo es la burocracia estatal. Uno de los puntos críticos es el acceso al medicamento; por ello, estamos diseñando un programa para que la medicación esté cerca del domicilio del paciente, permitiendo que se retire en cualquier farmacia con la receta del centro de salud, garantizando así la continuidad del tratamiento.

Se menciona frecuentemente la falta de turnos y las dificultades para acceder a especialistas. ¿Cómo planean resolver esta deuda histórica?

El problema no es la falta de médicos, sino la organización de la burocracia estatal y la falta de determinadas especialidades que la academia no está produciendo, como neonatología o psiquiatría. En cuanto a los turnos, estamos migrando hacia un sistema digital más amigable. Ya utilizamos el Ciudadano Digital (CiDi) y estamos desarrollando una aplicación específica para medicamentos y turnos que simplifique la vida tanto del ciudadano como del médico.

Respecto a la Ley de Salud Mental, ¿qué impacto cree que tendrá la reforma que se pretende implementar?

La ley vigente falló porque no se crearon los dispositivos intermedios necesarios para dar respuesta al aumento de problemas de salud mental y consumo problemático tras la pandemia. El problema de la reforma propuesta es que pretende volver a un paradigma puramente psiquiatizante. Pensar que una sola disciplina puede abordar una problemática atravesada por factores familiares, sociales y comunitarios es no entender lo que pasa en la comunidad. Además, Córdoba tiene un déficit de psiquiatras: se necesitan 590 y solo hay 460.

El Gobierno nacional ha planteado que las provincias deben hacerse cargo de áreas como la discapacidad. ¿Cómo afecta esto a Córdoba?

La Nación sanciona leyes sin presupuesto, lo cual es una irresponsabilidad. El año pasado, la provincia de Córdoba invirtió 13.000 millones de pesos en discapacidad, cubriendo desde escuelas especiales hasta rehabilitación y deporte adaptado. La Nación tiene una corresponsabilidad que está eludiendo; actualmente nos deben fondos del PAMI, del Plan Sumar y del Plan Remediar.

¿No cree que es necesario un ordenamiento para evitar la superposición de programas y el gasto innecesario de recursos?

Estoy de acuerdo en que debe haber orden. En la provincia hemos unificado las ventanillas de atención para que el ciudadano no tenga que peregrinar por distintas reparticiones pidiendo lo mismo. Sin embargo, el recorte nacional ha sido generalizado y sin discriminación. No me opongo a las auditorías, pero no se puede suspender una pensión a una persona con parálisis cerebral durante un año y medio mientras se decide si el trámite estaba bien hecho. Eso es lo que cuestiono: el hachazo sin sensibilidad.

¿Existe algún canal de diálogo técnico con las autoridades nacionales o la relación está totalmente cortada?

Participamos en los consejos federales, pero el diálogo es muy difícil. Cuando planteas temas complejos y del otro lado te responden que su única responsabilidad es hacer recortes en los números sin entender el área, la gestión se vuelve casi imposible. El control del déficit fiscal es necesario, pero no puede ser a cualquier costo, y menos si ese costo lo pagan los jubilados y las personas con discapacidad.

Cambiando de tema, ¿qué reflexión le merece el reciente femicidio de Agostina y el rol del Estado en estos casos?

Como militante feminista, siento un dolor profundo y la convicción de que este es un tema no saldado en Argentina. Como funcionaria, cada muerte me interpela a pensar qué más puede hacer el Estado para que el "Ni una menos" sea una realidad. Aunque el Poder Ejecutivo actuó como auxiliar de la justicia en lo que se le ordenó, la causa sigue bajo secreto de sumario y debe seguir en la agenda pública para revisar todos los procesos.

Para finalizar, ¿podría recomendarnos un libro, una serie y una película?

Recomiendo el libro "Implosión", que analiza la transición de la protesta social a la vida cotidiana actual. Como serie, sugiero "Adolescencia", una producción inglesa muy potente para padres y educadores. Y, en cine, recomiendo "Intensamente"; aunque parezca para niños, es fundamental para que los adultos nos conectemos con nuestras emociones.

Entrevista de Sergio Suppo.

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