PASO y colectoras: ¿para qué están los partidos?
El Gobierno retiró las colectoras y obtuvo dictamen para suspender las PASO en 2027. Sigue pendiente una reforma que fortalezca la democracia interna de los partidos y establezca reglas electorales duraderas.
La reforma electoral avanzó en el Senado con un cambio significativo. El Gobierno consiguió el 18 de noviembre un dictamen de comisión para suspender las PASO en 2027, después de retirar la habilitación de listas colectoras. Había intentado conseguir apoyos para suspender las primarias ofreciendo un mecanismo que, a nuestro juicio, no habría hecho bien a nuestras instituciones. Es acertado que haya dado marcha atrás. Sin embargo, esa rectificación deja pendiente la discusión de fondo: la autonomía de los partidos políticos y su responsabilidad en la selección democrática de candidatos.
Cuando se conoció aquel posible intercambio, escribimos que asistíamos a un "cambio de figuritas que no deberían estar en el álbum". La imagen apuntaba a algo sencillo: quitar una regla que desvirtúa la vida partidaria para introducir otra que desdibuja la identidad de las candidaturas no representa avance institucional alguno. El retiro de las colectoras merece ser reconocido. Pero el desafío sigue siendo establecer reglas duraderas que fortalezcan a los partidos, más allá de los acuerdos necesarios para reunir una mayoría parlamentaria.
El artículo 38 de la Constitución establece que "los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". Les reconoce libertad para su creación y sus actividades, y garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías y la competencia para postular candidatos a cargos públicos electivos. No son simples sellos para distribuir cargos en cada turno electoral. Deberían ser ámbitos en los que ciudadanos que comparten ideas discuten programas, eligen autoridades y resuelven quiénes los representarán ante los demás.
De allí nuestra mirada crítica sobre las PASO. La ley 26.571 exige que las agrupaciones políticas seleccionen sus candidaturas nacionales mediante primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La apertura permite que intervengan personas ajenas a un partido e incluso quienes sostienen posiciones antagónicas a las suyas. El carácter obligatorio convoca a todo el electorado a una instancia destinada a resolver las candidaturas de esas organizaciones. A nuestro entender, esa intromisión es difícil de conciliar con la autonomía partidaria reconocida en el artículo 38.
Para peor, la misma norma exige concurrir a las primarias aun cuando una agrupación presenta lista única. Si no hay competencia, ¿qué candidatura queda por resolver? La elección puede servir entonces para medir anticipadamente la fuerza de cada partido, con una jornada organizada y financiada por el Estado, pero no para dirimir una disputa interna. Tampoco la participación de todo el padrón garantiza, por sí sola, que las minorías partidarias puedan competir y alcanzar representación. Para eso hacen falta reglas internas democráticas y mecanismos concretos de integración de las listas.
En octubre, sobre la misma cuestión de fondo, publicamos el editorial "PASO: las vocales están de más". Allí sostuvimos que, conforme a la norma constitucional, es válido conservar las primarias simultáneas y prescindir de su carácter abierto y obligatorio. Bien podría el Estado supervisar y financiar una jornada común en la que los afiliados de los partidos que tengan candidaturas en disputa elijan a sus representantes. Con reglas conocidas de antemano y garantías para las minorías, incluso mediante sistemas proporcionales de integración de listas, la selección volvería a quienes han decidido participar de la vida de cada agrupación. Los demás ciudadanos ejercerían plenamente su derecho a elegir entre esas ofertas en la elección general.
Las colectoras retiradas del dictamen habrían permitido acompañar una misma fórmula presidencial con dos listas legislativas distintas. La Boleta Única de Papel, cuya adopción celebramos, ya permite que el ciudadano vote a un candidato presidencial de una fuerza y a los legisladores de otra. La nueva modalidad habría facilitado un acuerdo entre conducciones: respaldar una fórmula presidencial común y conservar, al mismo tiempo, ofertas legislativas separadas. A nuestro entender, ese mecanismo habría contribuido a desdibujar la identidad que los partidos deben ofrecer al electorado.
Pero la cuestión de fondo era otra: ¿mediante qué procedimiento democrático decidiría un partido respaldar a un candidato seleccionado por otra fuerza? ¿Se convocaría a sus afiliados a elegir entre un candidato propio y otro extrapartidario? ¿Podrían las minorías proponer una alternativa? ¿Contemplaban semejante mecanismo las respectivas cartas orgánicas? Eran preguntas relevantes para su encuadre constitucional. El retiro de las colectoras permite dejar atrás esa propuesta, pero conserva toda su vigencia la exigencia de que los acuerdos entre dirigentes respeten los procedimientos democráticos de cada agrupación.
El dictamen de noviembre establece, en su artículo 20, que durante 2027 las candidaturas nacionales se designarán conforme a las cartas orgánicas de los partidos y, en el caso de las alianzas, a sus reglamentos electorales. Esa remisión reconoce la responsabilidad de las propias agrupaciones. Su aplicación debe asegurar la intervención de los órganos competentes, la participación de los afiliados y las garantías de las minorías. El artículo 38 exige un funcionamiento democrático efectivo. La autonomía partidaria debe servir para recuperar esa vida interna, y no quedar reducida a la libertad de las conducciones para acordar candidaturas.
La suspensión prevista para 2027 es, además, una respuesta transitoria. El propio dictamen establece que las disposiciones de ese capítulo caducarán al finalizar el proceso electoral. Sigue pendiente una reforma duradera del sistema de selección de candidatos. Volver a modificar las reglas según las necesidades de cada turno electoral es una mala manera de fortalecer instituciones cuya misión debería trascender a los gobernantes de turno. La previsibilidad que consideramos necesaria para la economía y la vida cotidiana también debe comenzar por las reglas de nuestra democracia.
Los partidos políticos deben recuperar la responsabilidad que les asigna la Constitución: elegir democráticamente a sus candidatos, garantizar la representación de las minorías y ofrecer propuestas con identidad propia. La precariedad institucional que revela esta negociación es uno de los males de fondo de nuestro país. El Congreso debe establecer reglas claras y duraderas, no adaptarlas a las conveniencias del poder de turno.
El problema no se resuelve cambiando figuritas, sino dejando de usar las reglas de nuestra democracia como moneda de cambio en acuerdos entre dirigentes políticos.





