Villarruel y la incomodidad de describir desde el poder una realidad que el Gobierno no resuelve

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*Por Adrián Simioni y Fernando Genesir.

Victoria Villarruel no parece vivir en otro país. Tampoco describió una realidad imaginaria cuando manifestó su preocupación por las personas que pierden el trabajo o no consiguen llegar a fin de mes. Son dificultades concretas que atraviesan a numerosos hogares argentinos y que deberían ocupar un lugar central en la agenda pública.

Ninguna de esas afirmaciones, tomada literalmente, resulta destituyente. Reconocer un problema social tampoco debería convertirse automáticamente en una maniobra contra el presidente Javier Milei. Más aún cuando una de las críticas recurrentes contra el Gobierno es precisamente su dificultad para registrar el impacto cotidiano de su programa económico.

La discusión de fondo, entonces, no pasa tanto por lo que dijo Villarruel, sino por quién lo dijo y desde qué lugar.

Villarruel no es una dirigente opositora ni una observadora externa. Es la vicepresidenta de la Nación e integra la fórmula que llegó al poder. Por eso, cuando reclama que “la clase política” comience a pensar en el empleo y en las familias que no llegan a fin de mes, habla como si ella misma no perteneciera a ese sector y como si el Gobierno del que forma parte fuera ajeno a esas preocupaciones.

Allí aparece la principal contradicción de su intervención. La vicepresidenta adopta el tono de una comentarista que señala los problemas, pero evita explicar qué responsabilidad le corresponde al oficialismo, cuál es su posición sobre el rumbo económico y qué alternativas propone.

Es cierto que Villarruel no administra los ministerios económicos ni dispone por sí misma de los instrumentos necesarios para crear empleo o recomponer los ingresos. Su función institucional es diferente. Pero esa particularidad no la libera de la responsabilidad política que supone integrar el Gobierno.

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También es posible que su declaración haya sido una advertencia interna y no una operación deliberada contra Milei. Sin embargo, en política las palabras no solamente cuentan por la intención de quien las pronuncia, sino también por el efecto que producen. Al describir el deterioro social sin vincularlo con las decisiones oficiales ni respaldar claramente la estrategia presidencial, Villarruel profundiza su diferenciación.

La expresión "sin familia no hay trabajo y sin trabajo no hay producción" funciona más como una consigna que como una explicación económica rigurosa. Lo sustancial de su mensaje aparece después: la preocupación por la pérdida de puestos laborales y por los ingresos insuficientes.

Los datos mencionados durante el debate acompañan, al menos parcialmente, esa inquietud. El salario privado registrado de mayo representó el 99,4% del nivel que tenía antes del comienzo de la actual administración. Después de una recuperación, la aceleración de algunos precios volvió a colocar los ingresos por debajo de la inflación.

Frente a esa realidad, el Gobierno sostiene que la estabilización, la reducción del déficit y la reconversión de la economía son condiciones para alcanzar posteriormente una mejora sostenible de los salarios y del empleo. Esa estrategia puede ser defendida o cuestionada, pero existe y constituye el argumento central del oficialismo.

Si Villarruel considera que el costo social es demasiado elevado, que los tiempos son excesivos o que deben modificarse las prioridades, debería explicitarlo. De lo contrario, obtiene el rédito de mostrarse sensible frente a los problemas mientras deja que el resto del Gobierno cargue con el costo de las decisiones.

La imagen de cines llenos, vuelos completos para el Mundial o buenos niveles de ocupación turística no invalida su diagnóstico. En una economía profundamente fragmentada pueden coexistir sectores con capacidad de consumo, actividades que muestran recuperación y millones de personas con dificultades para afrontar los gastos habituales.

Un avión lleno representa una porción limitada de la sociedad. El salario, el empleo y el poder adquisitivo abarcan una realidad mucho más extensa. Del mismo modo, la existencia de problemas sociales no significa que todo el consumo esté paralizado ni que ningún sector haya comenzado a mejorar.

Villarruel, por lo tanto, no mintió al describir una Argentina atravesada por la incertidumbre laboral y la insuficiencia de ingresos. El aspecto políticamente conflictivo es que lo hizo como si observara esa realidad desde afuera.

Sus palabras no son destituyentes, pero sí tienen un tono opositor. Marcan distancia, exhiben una carencia de la gestión y evitan asumir plenamente la pertenencia al Gobierno. La incógnita es si se trató de una advertencia para corregir el rumbo o de otro paso en la construcción de un perfil político propio.

El oficialismo no debería responder intentando silenciar el diagnóstico. La mejor respuesta sería demostrar, con resultados, que conoce esos problemas y tiene una estrategia capaz de resolverlos. Porque la realidad no cambia según quién la describa, pero la responsabilidad sí depende del lugar que cada dirigente ocupa.

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