La investigación sobre la AFA y el 30% de comisión a TourProdEnter avanza

Buenos Aires, 26 febrero (NA) – La investigación judicial en torno al contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC ha ampliado su enfoque, centrándose en la gestión específica que realizó Javier Faroni para justificar la comisión del 30% sobre los ingresos comerciales internacionales y el 10% adicional por logística. Este interrogante surge tras las declaraciones de Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, quien indicó que el área interna es responsable de las ventas, activaciones y acciones con patrocinadores.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino otorgó a TourProdEnter LLC la exclusividad para representar comercialmente a la AFA en el exterior hasta 2026. En este contrato, se estableció un porcentaje del 30% sobre ingresos internacionales, además de un 10% por tareas logísticas vinculadas a los contratos en los que participara.

La discusión judicial se ha desplazado del monto a la cuestión de la contraprestación. Si el área comercial de la AFA es la que lleva a cabo la negociación y ejecución de acuerdos, como sostuvo Petersen en entrevistas, la pregunta central es qué aporte específico realizó la firma intermediaria.

Los registros bancarios presentados en la causa incluyen giros relacionados con contratos de Adidas y otros patrocinadores internacionales. En varios casos, las transferencias fueron recibidas en cuentas de Bank of America y Citibank vinculadas a la estructura investigada antes de ser redistribuidas. La Justicia intenta determinar si la empresa tuvo un papel activo en la negociación de esos convenios o si funcionó principalmente como canal de facturación y cobro.

Un caso clave es el contrato con Adidas en 2024. El patrocinador técnico de la Selección Argentina transfirió aproximadamente 25 millones de dólares en el marco del acuerdo vigente. Parte de esos fondos se canalizaron a través de cuentas asociadas a la empresa contratada. Los investigadores buscan aclarar si hubo gestión comercial adicional o si la relación entre la marca y la AFA se sustentó en vínculos previos y en la estructura interna del área de marketing.

En el expediente también se examina la falta de evidencia pública sobre la generación de nuevos patrocinadores internacionales, organización de partidos amistosos o apertura de mercados inexplorados atribuibles a la intermediaria. Fuentes del caso han señalado que no existen informes de gestión, reportes de captación de clientes ni documentación que detalle negociaciones iniciadas por la empresa.

La hipótesis que evalúa la Justicia es si el esquema pudo haber funcionado como un mecanismo de desvío de fondos. La comisión del 30% sobre ingresos que superan los 300 millones de dólares en el período investigado podría implicar cifras millonarias. Sin documentación que respalde una contraprestación específica, el análisis se orienta a establecer si se trató de una estructura formal que permitió la retención de recursos generados por la propia AFA.

Un capítulo adicional se abrió tras el allanamiento a la sede de la entidad en diciembre de 2025 y enero de 2026. Allí se encontraron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, identificada en documentación societaria como propietaria de una mansión en Pilar. Los comprobantes se refieren a "servicios de logística" y mencionan el sistema VAR. La Justicia intenta verificar si estos servicios existieron y si están relacionados directamente con la operación comercial internacional.

El concepto de "logística", que tiene un adicional del 10%, se ha convertido en otro punto de controversia. Los investigadores están analizando qué tareas específicas abarca este rubro, cómo se certificaron y quién validó su ejecución. Sin detalles operativos, este porcentaje adicional se suma a las dudas sobre la razonabilidad económica del esquema.

Desde la conducción de la AFA se defiende que el modelo responde a prácticas habituales en la comercialización deportiva internacional y que la estructura permitió centralizar la cobranza en el exterior. Sin embargo, las declaraciones del propio gerente comercial sobre el rol interno en la captación de patrocinadores han introducido una contradicción que ahora forma parte del análisis judicial.

La causa avanza en la Justicia Federal, que evalúa posibles delitos económicos vinculados a administración fraudulenta y lavado de activos. El foco se centra en la trazabilidad completa: contrato, ingreso de fondos, aplicación de comisiones, pagos a terceros y destino final del dinero.

El interrogante principal sigue sin respuesta: si la gestión comercial es realizada por la estructura interna de la AFA, ¿qué servicio específico justifica que un tercero retenga el 30% de los ingresos internacionales? La respuesta dependerá de la documentación respaldatoria que aún no ha sido divulgada y de la reconstrucción contable que realicen los peritos.

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