La litigiosidad subió a niveles críticos, pero la siniestralidad bajó

Un informe reciente del IERAL de la Fundación Mediterránea advierte que el sistema de Riesgos del Trabajo se encuentra en una situación crítica debido al crecimiento de las demandas judiciales. En el año 2024, la judicialización alcanzó los 124.000 nuevos pleitos anuales, igualando el récord histórico de 2017 y amenazando la viabilidad financiera de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

El documento destaca una contradicción importante, ya que mientras los accidentes y enfermedades laborales se redujeron a la mitad desde los años noventa, la cantidad de juicios ha seguido aumentando. En los 26 años de vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo se evitaron unas 18.700 muertes en los lugares de trabajo, reduciendo la tasa de mortalidad de 158 a 34 casos por millón de trabajadores. 

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Sin embargo, estos avances en prevención no se reflejan en los tribunales, donde el flujo de juicios acumulados se mantiene por encima de las 300.000 demandas en trámite. El costo de estos litigios representa actualmente el 1,2% de la masa salarial, lo que equivale a absorber casi la mitad de los ingresos totales del sistema por alícuotas.

Uno de los puntos analizados es la naturaleza de las demandas, observándose que el sistema judicial se concentra en reclamos por afecciones leves en lugar de incapacidades graves. El 64% de las sentencias dictadas en 2023 determinaron una incapacidad inferior al 15%, casos que en otras legislaciones de la región no darían derecho a una indemnización monetaria.

El incentivo para esta litigiosidad radica en la brecha de criterios entre las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y los peritos judiciales provinciales. Mientras que la mayoría de los casos son rechazados inicialmente por las ART o las Comisiones Médicas, en la justicia provincial suelen obtener algún porcentaje de incapacidad, generando ingresos para los profesionales intervinientes. 

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El reporte también señala una falta de igualdad ante la ley debido a la dispersión de criterios entre provincias. Por ejemplo, en CABA, Santa Fe y Mendoza la litigiosidad es muy alta, con un 17% de los siniestros terminando en juicio, mientras que en provincias como Salta o Corrientes la incidencia es inferior al 1%.

A esto se suma la diversidad de fórmulas de actualización de las indemnizaciones, donde los juzgados utilizan distintos mecanismos que provocan que el monto a pagar varíe significativamente dependiendo del juzgado interviniente. Según el estudio, la diferencia de montos puede ser de hasta tres veces según la metodología que se aplique para actualizar el capital.

Para frenar esta crisis, el IERAL propone un replanteo de los procedimientos periciales que incluya la constitución de Cuerpos Médicos Forenses especializados en cada provincia. También se sugiere modificar la remuneración de los peritos para que cobren por tarea realizada y no como un porcentaje de la incapacidad dictaminada, eliminando incentivos para elevar los daños.

Finalmente, el informe concluye que demorar estas reformas afecta la competitividad de la producción nacional y desalienta la creación de empleo debido a la imprevisibilidad de los costos laborales.

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