El comercio ilícito ya equivale al 5% del PBI argentino: las causas y qué propone una especialista

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El comercio ilícito en Argentina representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y muestra una tendencia creciente, particularmente en el contrabando. Así lo advirtió Ana Basco, economista, politóloga y directora de Insight LAC, una consultora y centro de investigación enfocado en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

En diálogo con Cadena 3, la especialista explicó que el fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la diferencia de precios con otros países, la complejidad del sistema tributario y las exigencias regulatorias para comercializar determinados productos.

“Lo que vemos básicamente en este estudio es que el comercio ilícito en Argentina, y en particular el contrabando, está aumentando. Esto se debe a varias causas: tiene que ver con un tema de incentivos que generan el contrabando y con un tema de control y fiscalización por parte del Estado”, sostuvo.

Basco señaló que los precios de muchos bienes comercializados en el mercado argentino son más elevados que los de países limítrofes y otros mercados internacionales. Entre las razones mencionó la apreciación cambiaria, la carga tributaria y la cantidad de certificaciones y homologaciones exigidas para ingresar y vender productos en el país.

La brecha de precios y los incentivos para el comercio informal

La directora de Insight LAC explicó que la diferencia entre los valores del mercado formal y el informal depende del tipo de producto y del país con el que se realice la comparación.

Como ejemplo, mencionó el mercado de los celulares, donde las estimaciones muestran diferencias de entre el 30% y el 40% entre los distintos canales de comercialización.

También señaló el caso de la indumentaria que se vende en ferias informales, como La Salada, donde los productos llegan al consumidor a valores muy inferiores a los del circuito formal.

En el rubro del tabaco, en tanto, destacó el peso de los impuestos: “La carga impositiva sobre el tabaco es más del 80% y esto hace que la brecha con los países limítrofes también sea superior”.

Para Basco, estas diferencias de precios generan incentivos para que determinados productos ingresen o se comercialicen por fuera de los canales legales.

Qué debería hacer el Estado para combatir el comercio ilícito

Frente a este escenario, la economista consideró que el Estado debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización y control, pero también revisar algunas regulaciones que pueden encarecer los productos y generar obstáculos para la actividad formal.

Una de sus propuestas consiste en aprovechar la información disponible en organismos como ARCA, Aduana y las entidades encargadas de emitir certificaciones y establecer normativas para la comercialización de bienes.

Según explicó, la creación de un sistema interoperable permitiría cruzar esos datos e identificar a vendedores que presenten mayores niveles de riesgo o posibles irregularidades.

“Se puede generar un sistema interoperable que permita detectar cuáles son aquellos vendedores que están en mayor riesgo o que cometen la ilegalidad. Esto se puede hacer a muy bajo costo”, planteó.

Además, propuso simplificar determinados procedimientos para productos que representan un riesgo bajo para la salud o la seguridad, pero que deben cumplir con numerosas certificaciones.

“Hay algunos bienes que son de poco peligro para la salud y a veces tienen muchísimas certificaciones que tienen que cumplimentar. Esto contribuye a generar precios más altos y, por lo tanto, a tratar de evadir esos mayores controles”, explicó.

En ese sentido, también sugirió ampliar la participación de entidades certificadoras públicas y privadas para evitar que una única institución concentre todos los procedimientos y genere demoras.

La especialista aclaró que no propone eliminar las regulaciones, sino revisar aquellas que podrían simplificarse sin comprometer los controles necesarios.

El comercio electrónico y la trazabilidad de las operaciones

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el papel de las plataformas de comercio electrónico en la circulación de productos de origen ilegal.

Basco consideró que estos canales pueden convertirse en aliados de las autoridades porque permiten rastrear buena parte de las operaciones.

“Lo que vemos básicamente es que el comercio electrónico es un intermediario entre la compra y la venta de un producto. Y ahí lo que vemos es que el canal electrónico es un canal sumamente trazable”, afirmó.

Según los datos mencionados por la especialista, el 99% de las ventas realizadas en estas plataformas se concreta mediante medios de pago que permiten seguir las operaciones, como tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales o transferencias. El 1% restante corresponde a operaciones que no cuentan con esa misma trazabilidad.

Por eso, sostuvo que las plataformas deben colaborar con el Estado para detectar situaciones sospechosas, pero no asumir la responsabilidad por todos los productos que se comercializan a través de sus sistemas.

“Las plataformas tienen que ser aliadas del Estado, tienen que cooperar con el Estado, pero no tienen que ser responsables de lo que se comercializa a través de estas plataformas”, remarcó.

En esa línea, mencionó los convenios y mecanismos de colaboración entre las empresas y la Secretaría de Comercio para identificar y comunicar operaciones sospechosas o situaciones denunciadas.

Un fenómeno que combina informalidad, controles y costos

Para Basco, el crecimiento del comercio ilícito no puede explicarse por una sola causa. La diferencia de precios, la carga impositiva, las exigencias regulatorias y las dificultades de fiscalización conforman un escenario que favorece la expansión de los circuitos informales.

Su propuesta apunta a combinar una mayor capacidad de control estatal con herramientas tecnológicas para cruzar información, cooperación con las plataformas digitales y una revisión de los procedimientos que encarecen innecesariamente la comercialización formal.

El desafío, según el planteo de la directora de Insight LAC, consiste en reducir los incentivos para operar fuera de la legalidad sin trasladar toda la responsabilidad a los intermediarios ni debilitar los mecanismos de protección y control.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.

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