La Corte ratificó la condena de 20 años a un prefecto por el asesinato de Cristopher Rego

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 20 años de prisión impuesta al cabo de la Prefectura Naval Argentina, Pablo Miguel Brites, por el asesinato de Cristopher Rego, quien fue muerto de un disparo en la espalda tras evadir un control vehicular en 2018.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal desestimó los recursos presentados por las defensas al considerar que no estaban dirigidos contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con los precedentes "Levinas" y "Marcelina".

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2018, en la intersección de Ancaste e Iguazú, en la frontera de los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas.

Cristopher Rego, de 26 años y padre de un bebé desde hacía 40 días, conducía una Peugeot Partner que había adquirido recientemente y de la que no contaba con la documentación en ese momento. En este contexto, decidió eludir un control.

Según la acusación, Brites se posicionó frente a la camioneta y apuntó con su arma reglamentaria. Luego de que el conductor intentara esquivarlo, el prefecto disparó dos veces contra el vehículo, y uno de los proyectiles atravesó el asiento e impactó a Rego en la espalda.

Después del incidente, compañeros del prefecto que disparó levantaron las vainas del lugar, lo que generó controversia en el caso.

Durante el juicio oral, Brites fue inicialmente condenado a prisión perpetua como autor material del "homicidio doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por abuso de sus funciones como miembro de seguridad".

Asimismo, otros involucrados en el caso, como el cabo Cristian López, la marinera Lucila Tamara Carrizo, el cabo segundo Javier Eduardo Fernández y el cabo primero Rubén Darío Viana, fueron condenados a cuatro años de prisión por "encubrimiento doblemente agravado" y a ocho años de inhabilitación.

La Cámara Nacional de Casación Penal más tarde confirmó la responsabilidad de los acusados, aunque redujo las penas: estableció 20 años de prisión para Brites y condenas de entre tres y tres años y medio para los demás.

Las defensas presentaron quejas ante la Corte Suprema, que finalmente desestimó los planteos y mantuvo firmes las condenas.

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