Elevan a juicio a cuatro presos por estafas haciéndose pasar por el juez Rosatti desde Jujuy

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El fiscal federal Franco Picardi, al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, ha solicitado la elevación a juicio de una investigación que involucra a cuatro detenidos en el Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy. Estos individuos son acusados de formar una organización criminal que, utilizando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, llevó a cabo estafas y extorsiones dirigidas a familiares de otros reclusos.

Los imputados, que se encuentran actualmente en prisión, ya tienen antecedentes penales por diversos delitos. Los acusados son: C.M.A.A. (38), condenado por robo y violación de domicilio; R.A.R. (40), por robos y hurtos; S.A.L. (31), por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V. (32), por homicidio simple.

Picardi ha presentado cargos contra ellos por asociación ilícita como miembros (artículo 210 del Código Penal, con penas de tres a diez años de prisión), usurpación de autoridad (artículo 246, con penas de un mes a un año), estafa (artículo 172, de un mes a seis años) y extorsión mediante simulación de autoridad pública (artículo 168, con penas de cinco a diez años), todos en concurso material.

El requerimiento de la fiscalía también incluye la recolección de testimonios para investigar la posible participación de tres mujeres vinculadas a los acusados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar el dinero obtenido a través de estas maniobras. Se ha solicitado que estas mujeres sean convocadas para prestar declaración indagatoria.

La investigación ha determinado que la organización operó desde al menos noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, utilizando el mencionado establecimiento penitenciario. Los miembros de la banda se comunicaban a través de celulares y distintas líneas telefónicas, presentándose como Rosatti, invocando su condición de presidente de la Corte Suprema para solicitar información a diversas dependencias policiales y penitenciarias sobre personas detenidas.

Con esta información, los acusados contactaban a los familiares de los detenidos, exigiendo transferencias de dinero bajo el pretexto de que debían pagar una fianza para liberar a sus allegados. En otras ocasiones, usaron el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas, ofreciendo falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos, según reporta el portal Fiscales.

La operación se sustentaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a sus llamadas, los estafadores utilizaban perfiles de WhatsApp con fotos de Rosatti o de edificios judiciales, y se presentaban con nombres como "Corte Suprema de Justicia". También empleaban alias de transferencias que parecían pertenecer a organismos oficiales, tales como "poderjudicial.mp" y "poderjudicial.org.25".

Además de los llamados a las dependencias oficiales, la acusación incluye dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión contra personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.

Allanamientos y teléfonos ocultos

Los días 2 y 3 de diciembre de 2024, la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina llevó a cabo allanamientos en el Pabellón A, Sector 1, del Establecimiento Penitenciario N°7. En la celda compartida por S.A.L. y W.R.V. se encontró un celular oculto en un colchón, que había sido utilizado para el primer contacto con la Policía Federal y para comunicarse con las víctimas de las estafas.

En otras celdas, incluidas las de C.M.A.A. y R.A.R., se hallaron anotaciones con números telefónicos, CBU, alias y nombres de personas que aparecían en las comunicaciones interceptadas. También se incautaron tarjetas SIM y teléfonos escondidos en colchones, zócalos y techos.

Las escuchas telefónicas revelaron que los miembros del grupo estaban al tanto de los procedimientos policiales y dieron instrucciones para ocultar o retirar los elementos comprometidos. En una de las conversaciones, se mencionó que "le habían caído a Trompila", apodo utilizado para referirse a C.M.A.A., y en otra se alertó sobre la presencia policial, pidiendo que sacaran "el teléfono, las cuentas, todo".

Distribución de funciones y circuito del dinero

Según Picardi, los cuatro imputados desempeñaron roles específicos dentro de la organización. C.M.A.A. y R.A.R. estaban a cargo de realizar las llamadas, obtener y utilizar la información sobre las víctimas, y recibir, derivar y canalizar el dinero obtenido mediante engaños. Para ello, utilizaban cuentas y billeteras virtuales de personas cercanas a ellos, incluyendo cuentas de sus parejas o allegadas.

Por su parte, S.A.L. y W.R.V. se encargaron de obtener, custodiar, distribuir y ocultar los teléfonos celulares, las tarjetas SIM y otros medios de comunicación utilizados en las estafas. El fiscal subrayó que la colaboración de estos dos últimos era esencial para la ejecución de los delitos.

En relación al circuito económico, la documentación bancaria mostró que el dinero no se depositaba en cuentas desconocidas, sino en cuentas de personas asociadas a los acusados.

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