Quinteros respaldó el narcotest a policías y habló de las protestas en el peaje

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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, justificó la realización sorpresiva de un narcotest a la cúpula de la Policía provincial y sostuvo que la medida se ajusta estrictamente a la ley. 

En diálogo con Cadena 3, también se refirió a la protesta de gremios estatales en el peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz y advirtió que no se permitirán cortes de rutas ni de accesos.

Según explicó Quinteros, el control antidrogas se dispuso en el marco de una reunión habitual de trabajo con el jefe policial, los subjefes y el Estado Mayor. "Decidimos que este control, que está obligado por ley para todo funcionario público, lo hiciéramos de manera sorpresiva para no esperar los plazos legales que llegan hasta fines de marzo", señaló.

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El ministro remarcó que la obligación surge de la Ley de Seguridad Pública y que el procedimiento incluye protocolos formales. Detalló que la prueba se realiza mediante una muestra de orina, con resultados inmediatos, y requiere la firma de una declaración jurada de consentimiento. "Todos accedieron voluntariamente a hacerlo", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de una negativa, Quinteros fue categórico: explicó que, aunque la prueba es voluntaria, la ley establece que la negativa se presume como resultado positivo. "Si alguien se hubiese negado, se daba como positivo el control", precisó. En ese sentido, insistió en que el objetivo no es estigmatizar, sino garantizar que quienes toman decisiones sensibles no estén condicionados por el consumo de sustancias ilegales.

El funcionario sostuvo que el narcotest se cumple todos los años y alcanza a todos los funcionarios, quienes deben subir el resultado a la plataforma oficial del Gobierno. "No debería causar ninguna sorpresa", enfatizó.

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Quinteros también descartó cualquier vinculación entre el control y la reciente muerte de Juan Francisco Viarnes. Aseguró que no tenían información sobre su situación y consideró que aquellos episodios forman parte de una etapa superada. "Hoy esas prácticas están muy lejos de la Policía actual", afirmó, y señaló que los cambios de fondo de aquel momento derivaron en la creación de un fuero y una fuerza específica contra el narcotráfico.

Por otra parte, el ministro se refirió a la protesta de gremios estatales que derivó en la ocupación parcial del peaje de la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al respecto, fue contundente: "El orden público en Córdoba no se negocia". Indicó que ya existe una denuncia y un fiscal interviniente, y que el Gobierno actuará para garantizar la libre circulación.

"Vamos a respetar el derecho de protesta, pero no vamos a permitir que se impidan los accesos ni se corten rutas", afirmó. Y advirtió que, ante hechos en flagrancia o por disposición judicial, se procederá a las detenciones correspondientes. "Vamos a actuar con la ley bajo el brazo, con absoluta severidad y de manera inflexible", concluyó.

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Entrevista de Miguel Clariá.

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