Destituyeron al fiscal denunciado por falso robo de neumáticos: "No se puede joder con esto"

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La Legislatura de Santa Fe destituyó por unanimidad al fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones tras una investigación que comenzó por una presunta denuncia falsa vinculada al robo de dos neumáticos de su automóvil. El caso fue analizado por la Comisión Bicameral y derivó en el hallazgo de otras situaciones consideradas graves por los legisladores.

La investigación se inició luego de que una compañía aseguradora denunciara la maniobra. El auditor de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, tomó intervención y posteriormente trasladó las actuaciones al ámbito de la Legislatura. Lo que inicialmente parecía reducirse a un supuesto fraude por dos cubiertas terminó abriendo una investigación mucho más amplia sobre la conducta del fiscal.

Durante el proceso aparecieron testimonios de trabajadores del MPA que denunciaron malos tratos, violencia verbal y otras situaciones relacionadas con el desempeño de Rodríguez y Barros. Uno de los elementos que más llamó la atención fue que el entonces fiscal habría ingresado a una computadora del Ministerio Público de la Acusación utilizando la clave de otro fiscal para modificar o fraguar contenido, una conducta que fue considerada especialmente grave.

La diputada provincial socialista Leonela Cattalini, integrante de la comisión que abordó el caso, calificó la destitución como una decisión necesaria. “Habla de la falta de respeto que tenemos por las instituciones, por el cargo público y por la responsabilidad pública”, sostuvo, y remarcó que un fiscal ocupa una función de enorme poder y, por esa razón, debe estar sometido a controles y demostrar una conducta ejemplar.

Cattalini consideró además que la Legislatura envió un mensaje concreto con la decisión. “No se puede joder con esto”, afirmó. La legisladora explicó que un fiscal tiene facultades fundamentales para llevar adelante investigaciones que pueden afectar directamente la vida y la libertad de las personas, por lo que ese poder debe estar acompañado necesariamente por mecanismos efectivos de control y sanción.

El episodio también volvió a poner en discusión el sistema de enjuiciamiento de fiscales y jueces en Santa Fe. Cattalini sostuvo que la reforma constitucional recientemente aprobada establece un nuevo mecanismo, mediante un jury integrado por representantes de distintos estamentos, pero aclaró que hasta que se sancione la ley que reglamente ese procedimiento continúa vigente el sistema actual.

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La diputada señaló que desde la Legislatura se han abordado numerosos expedientes vinculados con funcionarios judiciales. Mencionó, entre otros, los casos de fiscales como Valari, Rodríguez, Jerosa y Blanco, además de Venegas, actualmente suspendido. También recordó el caso de Gustavo Ponce Asahad, quien terminó detenido por hechos de corrupción. Según Cattalini, muchas de estas investigaciones tuvieron como origen actuaciones realizadas dentro del propio Ministerio Público de la Acusación.

En ese sentido, defendió que el organismo pueda detectar y denunciar las irregularidades cometidas por sus propios integrantes. “Me parece que es muy importante fortalecer el monitoreo permanente”, afirmó, y destacó el trabajo realizado por el auditor de Gestión. Para Cattalini, el control interno permite mejorar procedimientos y detectar situaciones que, de otro modo, podrían permanecer ocultas.

La legisladora también reconoció que la reiteración de casos que involucran a funcionarios judiciales genera preocupación en la sociedad. Consideró que la corrupción es un problema que atraviesa distintos ámbitos del Estado y sostuvo que también existen situaciones pendientes de resolución en la Justicia federal. A su entender, que las instituciones puedan investigar y depurar sus propias estructuras constituye una señal saludable, aunque todavía insuficiente.

Cattalini se refirió además al equilibrio entre fiscales y jueces dentro del sistema acusatorio. Rechazó la idea de que actualmente los fiscales tengan un poder excesivo y consideró que el modelo vigente es más equilibrado porque, aunque los fiscales pueden tomar decisiones importantes, muchas de ellas requieren posteriormente la validación de un juez.

La diputada explicó también por qué decidió abstenerse de participar en la investigación y en la votación vinculada con Rodríguez y Barros. Según relató, después de que ella difundiera información recibida del auditor Mai, el fiscal comenzó a acusarla de una supuesta connivencia y realizó cuestionamientos contra varios legisladores. Por ese motivo, optó por apartarse del proceso para evitar cualquier sospecha de parcialidad.

El caso que terminó con la carrera judicial de Rodríguez y Barros había comenzado con una situación aparentemente menor: una demora a una audiencia o reunión de trabajo que inicialmente fue atribuida a un problema con su vehículo. Con el correr de las horas, esa explicación derivó en la denuncia del supuesto robo de las dos cubiertas. La investigación posterior permitió incorporar otros elementos y terminó con su destitución. El episodio deja, además, una pregunta de fondo sobre la necesidad de fortalecer los controles sobre quienes tienen en sus manos una de las funciones más sensibles del sistema de justicia santafesino.

Entrevista de Hernán Funes.

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