El ministro de Seguridad santafesino defendió ante Diputados ley contra microtráfico

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación en respaldo a un proyecto que busca transferir a las provincias mayores facultades para investigar y perseguir el narcomenudeo.

El proyecto no es obligatorio: cada provincia decidirá si adhiere o no. Pero Santa Fe ya adelantó que lo haría. Cococcioni vinculó directamente esa herramienta con la caída de los homicidios en Rosario, aunque sin ofrecer datos desagregados que permitan evaluar con precisión el impacto de esa política en la reducción de la violencia.

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“La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio”, afirmó el ministro durante su exposición. Y añadió: “Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación”.

El argumento central del gobierno provincial es que la intervención local permite mantener una “integralidad” en las investigaciones que, según Cococcioni, se fragmenta cuando los casos derivan al fuero federal. Scaglia, por su parte, sostuvo que la ley “permitiría avanzar sobre casos que actualmente pueden quedar en una zona de indefinición entre jurisdicciones”.

La diputada nacional insistió en que se trata de “una herramienta” y remarcó que las provincias no están obligadas a adherir. “Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo”, dijo, en sintonía con el discurso oficial que busca instalar la idea de que el Estado nacional no está atendiendo el problema del microtráfico con la profundidad que exigen los territorios.

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El proyecto llega al Congreso en un contexto de alta conflictividad en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario, donde los homicidios vinculados al narcotráfico marcaron picos alarmantes en los últimos años. Sin embargo, la iniciativa no aclara cómo se financiará el eventual traspaso de competencias ni qué recursos humanos o técnicos se asignarán a las provincias que adhieran.

Tampoco se menciona en el texto del proyecto ni en las declaraciones oficiales un plan de prevención o abordaje integral del consumo, más allá de la persecución penal. El foco está puesto exclusivamente en la ampliación de facultades represivas.

La reunión de la comisión contó con la presencia del diputado nacional santafesino Pablo Farías, entre otros legisladores. El proyecto ahora continuará su tratamiento en el ámbito parlamentario, aunque desde el oficialismo nacional aún no se pronunciaron sobre su eventual acompañamiento.

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