Pensiones truchas en Salta: imputaron a un diputado, gerentes de hospitales y médicos
La Fiscalía acusó a Gerardo Francisco Orellana y otras 14 personas de falsificar documentación médica para obtener beneficios por discapacidad. Estiman un perjuicio mensual de $3.280 millones.
20/08/2026 | 12:40Redacción Cadena 3
FOTO: Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: argentina.gob.ar)
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Ahora país
La Justicia Federal formalizó la investigación contra el diputado provincial por el departamento salteño de Anta, Gerardo Francisco Orellana, y otras 14 personas acusadas de integrar una presunta organización dedicada a tramitar pensiones no contributivas por discapacidad mediante documentación falsa.
La audiencia se realizó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy. La investigación, encabezada por el fiscal general Carlos Amad, quedó abierta por el plazo de un año.
"Tenían una especie de fábrica de certificados truchos. Le daban a gente que no estaba enferma certificados por Chagas o diabetes, con incapacidades del 80% o 90%. Falsificaban los análisis de sangre, superponían las placas radiográficas y lo único que hacían era cambiarles los nombres", afirmó Amad en Cadena 3.
Y añadió: "Le cobraban a gente muy vulnerable. Las personas sacaban préstamos para poder pagarles y obtener o mantener sus certificados. También les enseñaban qué debían decir durante las auditorías para continuar con los beneficios".
La investigación se inició de oficio el 24 de julio de 2024, tras la detección de certificados médicos falsos en Chaco. Según la hipótesis fiscal, la estructura habría estado integrada por médicos, empleados administrativos, funcionarios públicos, operadores políticos y personas dedicadas a captar potenciales beneficiarios.
La acusación sostiene que se falsificaban o adulteraban certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y otros registros para que personas que no reunían las condiciones exigidas pudieran obtener o renovar las prestaciones.
En algunos casos, los beneficiarios ni siquiera habrían presentado enfermedades incapacitantes. Por la gestión de los trámites, los integrantes del presunto esquema habrían cobrado entre $20.000 y $1 millón, según la documentación y las intervenciones requeridas.
El perjuicio para el Estado nacional fue estimado por la Fiscalía en unos $3.280 millones mensuales.
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• El presunto papel del diputado
La Fiscalía atribuyó a Orellana la firma y gestión de solicitudes correspondientes a personas que presuntamente no cumplían con los requisitos legales. También investiga si las pensiones fueron utilizadas como una herramienta de captación política en barrios, parajes rurales y sectores vulnerables.
María Romano, empleada municipal de El Quebrachal, habría estado encargada de reclutar personas, recibir documentación, cobrar dinero y vincular a los solicitantes con otros miembros del circuito.
Entre los investigados también aparecen Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco, exautoridades del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal. Según la acusación, habrían emitido o avalado certificados médicos apócrifos y cobrado por gestiones destinadas a superar los controles oficiales.
La pesquisa alcanzó además a Oscar Ricardo Luna, quien ocupó cargos jerárquicos en los hospitales Oscar H. Costas, de Joaquín V. González; Presidente Juan Domingo Perón, de Tartagal; y Enrique Romero, de El Quebrachal.
El bioquímico Luciano Benjamín Esteban, por su parte, está acusado de adulterar análisis para simular enfermedades como Chagas o diabetes. Hugo Humberto Massa habría reproducido certificados mediante sellos y membretes y reutilizado estudios pertenecientes a otros pacientes.
Los médicos Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón habrían confeccionado informes y renovaciones de pensiones sin realizar los controles correspondientes, mientras que el exresponsable de una oficina de la ANSES Edmundo Dante Salazar habría facilitado claves de acceso para cargar documentación en los sistemas oficiales.
También quedaron involucrados los empleados Manuel Rodolfo Córdoba y Luis Casares, señalados por presuntamente permitir que los expedientes avanzaran sin los controles necesarios. Entre los demás investigados figuran José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres y Humberto Brisuela Mendoza.
Los cargos atribuidos, según el grado de participación asignado a cada acusado, incluyen fraude contra la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad documental e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La Fiscalía deberá determinar ahora la responsabilidad individual de los imputados y precisar el alcance económico y la cantidad de pensiones que habrían sido gestionadas mediante el presunto mecanismo.
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Informe de Elisa Zamora.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga a Gerardo Francisco Orellana y 14 personas por integrar una organización dedicada a tramitar pensiones no contributivas mediante documentación falsa.
¿Quiénes están involucrados? Además de Orellana, están involucrados médicos, empleados administrativos y exautoridades de hospitales como Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco.
¿Cuándo se formalizó la investigación? La investigación fue formalizada por la Justicia Federal y abierta por un plazo de un año.
¿Dónde se lleva a cabo la investigación? La investigación se realiza en el Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy.
¿Por qué se investiga? Se investiga por la presunta falsificación de documentos para obtener pensiones no contributivas, generando un perjuicio estimado de $3.280 millones mensuales al Estado nacional.
