Apretón financiero: qué pasa con la cadena de pagos

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Por Adrián Simioni

La cadena de pagos todavía no se rompió, pero comenzó a estirarse. Y cuando una cadena se estira demasiado, el riesgo no está solamente en el eslabón más débil: el problema es que la tensión termina trasladándose a todos los demás.

Hasta ahora, los datos oficiales muestran una situación relativamente controlada. La morosidad de los hogares viene creciendo, pero los atrasos en créditos hipotecarios y préstamos a empresas permanecen en niveles que podrían considerarse normales. No aparece, al menos por el momento, una crisis financiera generalizada.

Sin embargo, en la calle se escucha otra cosa.

Empresarios, comerciantes y proveedores advierten que los pagos llegan cada vez más tarde. El cliente que cancelaba una factura a los 21 días ahora pide hacerlo a los 30, a los 40 o incluso a los 45. Todavía paga, pero demora. Y esa diferencia puede parecer menor desde afuera, aunque para cualquier empresa representa un agujero financiero que alguien debe cubrir.

La cadena de pagos funciona con una lógica sencilla: una empresa compra insumos, produce, vende y cobra. Con ese dinero paga a sus proveedores, los salarios, los impuestos y los servicios. El problema aparece cuando el cobro se demora, pero las demás obligaciones conservan sus vencimientos.

¿Quién financia ese tiempo adicional?

En condiciones normales, podría hacerlo el sistema bancario. Pero con tasas de interés elevadas, escasez de pesos y poco crédito disponible, conseguir capital de trabajo resulta cada vez más costoso. Entonces, las empresas comienzan a financiarse entre ellas: el cliente demora el pago, el proveedor acepta esperar y ese proveedor, a su vez, posterga sus propias obligaciones.

Así empieza el efecto dominó.

Las primeras señales aparecen en los sectores más castigados por la caída de la actividad y del consumo. Una encuesta de expectativas del INDEC entre industriales manufactureros muestra que el 61% no espera grandes cambios en la demanda durante los próximos meses y que el 71% tampoco prevé modificaciones en las horas trabajadas. Apenas un 4,2% identifica los problemas financieros como una dificultad central. A primera vista, no parece demasiado.

Pero otras mediciones muestran un panorama más inquietante.

Industriales Pymes Argentinos asegura que uno de cada cuatro asociados registra atrasos en sus propios pagos. La Fundación Observatorio PyME llegó a una conclusión similar: el 24% de las empresas relevadas presentaba demoras en sus vencimientos durante junio, un nivel 12% superior al del año anterior.

Las estaciones de servicio también encendieron una señal de alerta. Muchas trabajan con clientes corporativos —empresas de transporte, productores agropecuarios o grandes compañías— que cargan combustible mediante cuentas corrientes. Allí, los plazos de cobro prácticamente se duplicaron: clientes que pagaban a los 21 días ahora pueden hacerlo a los 45.

Para el estacionero, la demora no es gratuita. Tiene que pagarle a la petrolera en los plazos habituales, aunque todavía no haya cobrado lo que vendió. La diferencia debe cubrirla con recursos propios o con financiamiento caro.

Algo parecido ocurre con las farmacias que esperan pagos de obras sociales y prepagas. Cuanto más demora el reintegro, mayor es el capital necesario para reponer medicamentos y mantener funcionando el negocio. El problema no siempre termina en un incumplimiento, pero deteriora silenciosamente la capacidad financiera de las empresas.

Los cheques rechazados aportan otro indicio. Según los últimos datos disponibles del Banco Central, en junio la cantidad de rechazos aumentó 57% respecto del mismo mes del año anterior.

El porcentaje impresiona, aunque necesita contexto: los documentos rechazados representaron alrededor del 2% del total procesado y apenas el 1,3% de los montos operados. No estamos, por lo tanto, ante una cesación de pagos generalizada. Además, se trata principalmente de cheques de valores relativamente bajos.

Pero el dato tampoco debe minimizarse. Las estadísticas bancarias muestran solamente una parte del problema. Muchas demoras se resuelven por fuera del sistema financiero, mediante llamados, renegociaciones informales y pedidos de prórroga. Antes de que aparezca el cheque rechazado, generalmente hubo una factura que se postergó, un proveedor que esperó y una empresa que utilizó sus últimos recursos para evitar el incumplimiento.

El Banco Central conoce esta tensión, pero enfrenta un dilema. Su presidente, Santiago Bausili, dejó claro que el apretón monetario no se levantará de manera abrupta. El temor oficial es que una mayor cantidad de pesos no termine destinada a reactivar la producción y el consumo, sino que presione nuevamente sobre los precios o el dólar.

La preocupación es comprensible. El Gobierno quiere evitar que la expansión monetaria desarme el proceso de desaceleración inflacionaria. Pero esa estrategia tiene un costo: el ajuste financiero que ya no aparece en el balance del Banco Central comienza a trasladarse a los balances de las empresas.

Por ahora, la cadena aguanta porque proveedores y clientes renegocian, esperan y se financian mutuamente. El problema es que ninguna empresa puede transformarse indefinidamente en el banco de otra.

La pregunta ya no es solamente cuántos pagos están en mora. También importa cuánto se alargaron los plazos, cuántas empresas consumen su capital para mantenerse al día y cuánto tiempo pueden soportar esta tensión sin reducir personal, frenar inversiones o directamente cerrar.

La cadena de pagos todavía no se cortó. Pero está crujiendo. Y los datos de julio y agosto permitirán saber si se trata de una tensión transitoria o del comienzo de un problema mucho más profundo.

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