Lo que la economía escribe con la mano, la política lo borra con el codo

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Por Alberto Lotuf

En los últimos días volví a observar una constante que parece repetirse en el gobierno de Javier Milei: cuando la economía ofrece señales alentadoras, la política encuentra la forma de generar nuevas complicaciones. Mientras algunos indicadores comienzan a mostrar resultados favorables para la gestión, la atención pública quedó atrapada por la controversia en torno a la declaración jurada de Manuel Adorni.

Lo que está en discusión excede una cuestión administrativa o contable. A mi entender, el caso impacta directamente sobre uno de los pilares fundamentales del discurso libertario: la promesa de transparencia y renovación moral frente a la política tradicional. Cuando un gobierno construye gran parte de su identidad sobre esos valores, cualquier inconsistencia adquiere una dimensión mucho más profunda.

La declaración patrimonial presentada por Adorni no logró disipar las dudas. Por el contrario, abrió nuevos interrogantes sobre la existencia de fondos que no habían sido informados previamente y sobre las explicaciones brindadas por el funcionario en distintas instancias. La discusión ya no gira exclusivamente sobre el origen de los recursos, sino sobre la coherencia entre lo dicho y lo posteriormente revelado.

No se trata de un funcionario secundario dentro del oficialismo. Adorni fue durante años una de las voces más visibles del universo libertario y uno de los principales defensores del discurso que llevó a Milei a la Presidencia. Su imagen quedó asociada a la lucha contra los privilegios de la política y a la crítica permanente contra lo que el propio gobierno denomina “la casta”.

A pesar del desgaste que esta situación genera, la Casa Rosada decidió respaldarlo plenamente y descartar cualquier modificación dentro del esquema de poder. Desde la visión oficial, no existen motivos suficientes para tomar medidas mientras la controversia siga abierta y no haya definiciones institucionales concluyentes.

La paradoja es evidente. Justamente cuando el Gobierno comienza a acumular noticias positivas en materia económica, el debate público se concentra en un escándalo político. La inflación continúa desacelerándose, la calificación crediticia del país mostró mejoras, los bonos soberanos registran avances y el riesgo país mantiene una tendencia descendente.

También aparecen otros datos que, en otro contexto, ocuparían el centro de la escena. El dólar se mantiene relativamente estable dentro del nuevo esquema cambiario y organismos internacionales informaron una reducción en los índices de pobreza infantil. Son indicadores que cualquier administración intentaría exhibir como parte de sus logros.

Incluso economistas que mantienen posiciones críticas hacia el Gobierno reconocen que existe una oportunidad vinculada a la estabilización macroeconómica. La recuperación del crédito, el potencial energético de Vaca Muerta, el crecimiento de la minería y la posibilidad de atraer inversiones de largo plazo aparecen como factores que podrían consolidar una nueva etapa económica.

Sin embargo, el caso Adorni plantea un dilema político para el presidente. Milei debe decidir cuánto de su propio capital político está dispuesto a invertir en la defensa de uno de sus colaboradores más cercanos. La lealtad puede fortalecer la cohesión interna, pero también puede aumentar los costos si la controversia continúa creciendo.

La experiencia política argentina demuestra que los gobiernos no son evaluados únicamente por sus resultados económicos. También son juzgados por la coherencia entre sus promesas y sus acciones. La economía parece avanzar en la dirección que el Gobierno buscaba, pero la verdadera incógnita es si la política acompañará ese recorrido o terminará convirtiéndose en el principal obstáculo para sostener esa fortaleza en el tiempo.

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