Crisis en discapacidad: alertan por demoras en pagos y riesgo de cierre

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La situación que atraviesan las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad vuelve a encender señales de alarma en todo el país. La demora en los pagos por parte del Estado nacional pone en jaque el funcionamiento de hogares, centros de día y prestadores que atienden diariamente a personas con discapacidad, muchas de ellas sin contención familiar.

Carmen Serrano, gerente de Epar Villabustos —institución que funciona como hogar con centro de día— advirtió que el sistema “está colapsando” y aseguró que muchas organizaciones sobreviven sin certezas sobre cuándo cobrarán las prestaciones ya facturadas.

“Nosotros no sabemos por qué sucede esto. Esa es la gran pregunta. Sentimos como un castigo, una cuerda al cuello sin explicación”, expresó.

La preocupación se profundiza porque, según se expuso en una reciente conferencia de prensa del sector, existirían fondos disponibles que no fueron destinados a cubrir las prestaciones adeudadas. En ese sentido, se recordó que desde el sistema de discapacidad de Incluir Salud se habrían devuelto 30 mil millones de pesos a rentas generales, dinero que —según denunciaron referentes del sector— podría haberse utilizado para cancelar pagos pendientes de varios meses.

Actualmente, explicó Serrano, Incluir Salud mantiene deudas correspondientes a diciembre y enero, mientras que otros meses también presentan retrasos según cada prestador.

“Nos dicen extraoficialmente que tal vez paguen la semana que viene, pero no tenemos garantía de nada. ¿Cómo le explico al panadero, al carnicero o a la farmacia que no sé cuándo voy a pagarles, pero que igual necesito que sigan entregando?”, planteó.

La responsable de la institución detalló que el problema no solo afecta salarios, sino también servicios esenciales como luz, gas, agua, alimentos, medicación y pañales.

“Una persona internada acá recibe todo: alimentación, medicamentos, atención permanente, contención profesional. Es muy difícil sostener un sistema así sin recursos”, señaló.

Además, remarcó que el impacto excede lo económico, porque detrás de cada institución hay personas con historias de alta vulnerabilidad.

“No trabajamos en una empresa que fabrica botellas de plástico. Trabajamos con seres humanos. Somos su hogar, su familia”, sostuvo.

Uno de los puntos más críticos, explicó, es que muchos residentes no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo si una institución cierra.

“Hay muchas personas internadas que no tienen familia continente. Incluso en algunos casos nos hemos hecho cargo con curatelas. Si esto se cierra, no sabemos dónde irán”, advirtió.

También señaló que muchas familias, aun existiendo, no pueden contener en sus casas a personas que requieren atención especializada permanente, condición que justamente motiva el ingreso a estos espacios.

A esto se suma el impacto laboral: en Epar Villabustos trabajan 150 personas. “Son 150 familias que dependen de esto. Si cerramos, también habrá más desocupación”, alertó.

Desde el sector reclaman una respuesta urgente de las autoridades nacionales. “Pedimos que quienes toman las decisiones entiendan que acá hay vidas humanas. Si se altera este sistema, muchas personas no van a poder sostener su vida tal como la necesitan”, concluyó Serrano.

La advertencia se repite en distintas provincias: si no se regularizan los pagos, más instituciones podrían dejar de funcionar en las próximas semanas.

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