Santa Fe implementará un nuevo sistema para bajar el ausentismo de los estatales

A seis meses de su presentación oficial, la provincia de Santa Fe empieza a entrar en los detalles finales para implementar el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal). La nueva etapa de control sobre accidentes y enfermedades laborales estaría en funcionamiento en el mes de agosto y apunta a reducir el ausentismo de 15 a 10 por ciento. El prestador asumirá el compromiso de reducir 2 puntos de ausentismo en los primeros seis meses y 3 puntos más en los 12 meses posteriores.

La puesta en marcha del sistema, explicaron fuentes oficiales, apunta a lograr el mayor porcentaje de eficiencia posible en materia de salud laboral. El ausentismo de la provincia es superior al de otros distritos (oscilan entre 9 y 10 por ciento) y al del sector privado (8 por ciento promedio). Sin embargo, otro de los desafíos que se presentan es la penetración de la “cifra negra” que Santa Fe no logra transparentar: saben la cantidad de empleados estatales que faltan a su trabajo, pero no conocen a ciencia cierta las causas.

La implementación del sistema estará a cargo del Grupo Werthein, único oferente que se presentó a una licitación de riesgo compartido (el prestador puede encontrarse con una situación mejor o peor de la que estima, puesto que hay escasez de indicadores formales en materia de salud laboral). La nueva metodología afectará de forma escalonada al universo de 150 mil trabajadores del Estado santafesino: en primer lugar se aplicará al sector administrativo, luego personal de salud y vial, docentes y por último a los policías.

El Grupo Werthein, a través de SML Consultores Médicos, tiene todo en vías de adjudicación si la oferta económica convence, se hará cargo del servicio de atención y respuesta a enfermedades y accidentes laborales, pero no afrontará las indemnizaciones (hay 6 mil anuales), que seguirán a cargo de la caja provincial. Es un sistema híbrido y parte de una base: el valor per cápita calculado por la provincia para costear las problemáticas de salud laboral se estima en el 0,045 por ciento de la masa salarial (7.466 pesos por trabajador).

La empresa, cuya adjudicación del sistema se dará en las próximas semanas, trabajará con convenios con prestadores de servicios médicos como clínicas y sanatorios. De esta manera, pondrá fin al sistema de elección libre que regía para los 150 mil afiliados de IAPOS (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social), que se multiplican casi por cuatro por cobertura familiar. Desde la implementación del SIPSAL, la ART asignará la cobertura de casa afiliado y llevará un registro digital de los historiales médicos. Allí otro dato: estiman que al tener que hacerse cargo el adjudicatario de las enfermedades leves, aún cuando no sean vinculadas a lo laboral, esto redundaría en un alivio en IAPOS de entre un 15 y 20% de la demanda.

El nuevo sistema implica un ahorro estimado en 170.000.000.000 anuales, aunque había erogaciones estimadas en 63.000.000.000. Asimismo, a la par de la eficiencia de los números y el ausentismo, con la presencia de un privado la provincia apunta a generar un efecto disuasivo. Y esto no responde a criterios “altruistas” de la ART, sino más bien a un componente económico basado en que a la aseguradora los números le deben cerrar. Quien negará o limitará un tratamiento será la adjudicataria y no el Estado, con lo cual se producirá un corrimiento de responsabilidades directas.

También Santa Fe pondrá fin, con esta licitación de dos años, a una situación imprecisa en cuanto al sistema de licencias. Si bien las de larga duración están canalizadas en la Dipart (Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo), al día de hoy no hay precisión sobre qué porcentaje de las ausencias responden a salud mental, enfermedades crónicas u otro tipo de afecciones. Por ende, la provincia no tiene referencias exactas sobre los motivos por los que sus empleados se ausentan.

Por otro lado, el dato complementario es el siguiente: la adjudicación del Sipsal y su puesta en marcha se da casi de forma paralela con una nueva discusión paritaria, en la que una vez más hay disparidad de cifras. El Ministerio de Economía calcula aumentos semestrales por encima de la inflación, pero los gremios (especialmente los docentes) reportan una pérdida del poder adquisitivo.

Informe de Agustín Dadamio y Ramiro Porchietti.

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