Trump pide a 9 universidades comprometerse con su agenda política para acceder a fondos federales

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca le solicitó a nueve de las principales universidades del país que se comprometan con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.

Un documento enviado a las universidades las animó a adoptar la visión de la Casa Blanca para los campus de Estados Unidos, pidiéndoles que acepten las prioridades del gobierno en materia de admisiones, deportes femeninos, libertad de expresión, disciplina estudiantil y asequibilidad universitaria, entre otros temas. 

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Firmar el acuerdo le dio a las universidades acceso prioritario a algunas subvenciones federales, pero el dinero del gobierno no se limitó únicamente a esas escuelas, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el plan públicamente. Las universidades que acepten también tendrán acceso prioritario a eventos de la Casa Blanca y discusiones con funcionarios.

El “Pacto por la Excelencia Académica en la Educación Superior” pidió a las universidades que acepten la definición de género que estableció el gobierno y la apliquen en los baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos del campus. También solicitó que las universidades dejen de tomar en cuenta la raza, el género y una amplia gama de otros datos demográficos de los estudiantes como parte del proceso de admisión y que exijan a los solicitantes de licenciatura que tomen los exámenes SAT o ACT.

El acuerdo propuesto de 10 páginas fue enviado el miércoles a algunas de las universidades públicas y privadas más selectivas del país: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés), la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown y la Universidad de Virginia. De momento se desconoce cómo o por qué se eligió a estas instituciones y si otras universidades podrían recibir ofertas similares. 

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El memorando representó un cambio en la estrategia del gobierno, que ofreció recompensas, en lugar de castigos, como incentivo para adoptar la lista de deseos políticos de Trump. Muchas de las demandas reflejaron aquellas que hizo la Casa Blanca mientras recortaba miles de millones de dólares en fondos federales para Harvard, Columbia y otras instituciones acusadas de tener un sesgo liberal. Un juez federal anuló el mes pasado los recortes a Harvard, asegurando que el gobierno había excedido su autoridad.

Las universidades manifestaron que estaban analizando la propuesta y no tenían comentarios al respecto. Los principales funcionarios del sistema de la Universidad de Texas se sintieron “honrados” de que el campus de Austin fuera elegido para ser parte del pacto y sus “posibles ventajas de financiamiento”, según un comunicado de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes. “Hoy damos la bienvenida a la nueva oportunidad que se nos presenta y esperamos trabajar en ello con el gobierno de Trump”, indicó Eltife.

De acuerdo con el pacto, la matrícula de estudiantes extranjeros quedaría limitada al 15% del cuerpo estudiantil a nivel licenciatura, y no más del 5% podría provenir de un mismo país. Todas las universidades invitadas al pacto parecieron estar dentro del umbral del 15%, aunque Dartmouth y USC están cerca, con un 14%, según datos federales. Muchas universidades no informan desgloses por países.

La mayoría de las demás universidades del país también se encontraban dentro del límite del 15%, pero alrededor de 120 lo superaban, incluidas la Universidad de Columbia, la Universidad de Emory y la Universidad de Boston, según datos federales.

Algunos de los compromisos más amplios tenían como objetivo promover puntos de vista conservadores. Las universidades tendrían que asegurar que sus campus sean un “mercado vibrante de ideas” donde no haya una sola ideología dominante, según el memorando. Tendrían que evaluar las opiniones entre estudiantes y profesores para garantizar que cada departamento refleje una mezcla diversa de puntos de vista.

Para conseguirlo, el memo indicó que las universidades deben tomar medidas que incluyan “transformar o abolir unidades institucionales que castiguen, menosprecien e incluso inciten a la violencia contra las ideas conservadoras”.

Requiere la implementación de políticas cuyo objetivo sea el de contrarrestar el tipo de protestas que sacudieron los campus de Estados Unidos el año pasado en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Pide un compromiso para evitar cualquier interrupción de las clases o la operación de las bibliotecas del campus y para asegurar que manifestantes no acosen a otros estudiantes.

Los campus que firmen el pacto tendrían que congelar el precio de matrícula para los estudiantes de Estados Unidos durante cinco años, y aquellos con dotaciones que superen los dos millones de dólares por estudiante de licenciatura no podrían cobrar ningún tipo de matrícula a los estudiantes que cursen programas de “ciencias duras”.

Opositores al pacto, como Ted Mitchell, presidente del American Council on Education, instó a las universidades a rechazarlo, asegurando que viola la independencia del campus y socava la libertad de expresión. “Los compromisos que tendrían que hacer no valen la pena”, puntualizó. “Este es un pacto fáustico”.

El pacto también desató críticas de grupos defensores de la libertad de expresión y de Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard. Summers expresó que, aunque cree que las universidades de élite han perdido su rumbo, el pacto es como intentar “arreglar un reloj con un martillo: una idea mala y contraproducente”. “La reacción contra su crudeza probablemente retrasará los esfuerzos de reforma que se necesitan”, añadió Summers.

El Departamento de Justicia sería responsable de ejercer los términos del acuerdo, y los infractores perderían acceso a los beneficios del pacto por al menos un año. Las violaciones posteriores aumentarían la penalización a dos años. “Las instituciones de educación superior son libres de desarrollar modelos y valores distintos a los que se presentan a continuación”, según el pacto, “si la institución elige renunciar a los beneficios federales”.

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