Trump apela a la Corte Suprema para desafiar fallos que limitan su política migratoria

WASHINGTON — La administración de Donald Trump ha expresado su desacuerdo con las resoluciones de jueces de tribunales inferiores que han obstaculizado sus intentos de eliminar protecciones legales para un amplio sector de migrantes. En este contexto, ha solicitado a la Corte Suprema que facilite el camino para implementar medidas que podrían aumentar el riesgo de deportación para miles de personas.

El Departamento de Justicia busca un fallo que le otorgue mayor agilidad para terminar con el estatus de protección temporal de migrantes provenientes de varios países, entre ellos Haití y Siria, según una carta enviada al alto tribunal el lunes.

La administración argumenta que el gobierno federal tiene la potestad para finalizar el estatus de protección temporal según su conveniencia, sin la necesidad de intervención judicial.

Sin embargo, los tribunales inferiores han disentido, incluyendo un juez en Washington D.C. que determinó que la "hostilidad hacia los inmigrantes no blancos" influyó en la decisión de anular las protecciones para los haitianos. Esta decisión fue confirmada por un tribunal de apelaciones.

La Corte Suprema, por su parte, ya se ha alineado con la administración de Trump en este asunto, permitiendo el fin de las protecciones para cientos de miles de venezolanos mientras se mantenía el litigio. Esto ha sido parte de una serie de victorias que le han permitido avanzar en su agenda a corto plazo.

Ahora, la administración busca un fallo que establezca que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional en el marco de un esfuerzo más amplio de deportación masiva.

El procurador general, D. John Sauer, ha señalado que los jueces de tribunales inferiores han mostrado un "desprecio persistente" por las decisiones anteriores del tribunal, sugiriendo que este ciclo se repetirá a menos que la Corte Suprema intervenga.

Sauer apeló el mes pasado un fallo que mantiene las protecciones para inmigrantes sirios y ha indicado que planea apelar otra decisión que afecta a aproximadamente 350,000 haitianos.

Un grupo de más de 175 exjueces también ha intervenido, argumentando que las resoluciones del tribunal no constituyen un derecho establecido y que se debe permitir que el proceso normal de apelaciones continúe.

Las protecciones para haitianos fueron otorgadas por primera vez en 2010 tras un devastador terremoto y se han renovado varias veces. Actualmente, Haití se enfrenta a una crisis de violencia de pandillas que ha desplazado a cientos de miles de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las condiciones han mejorado y niega que la animadversión racial haya influido en su decisión. No obstante, los abogados de los migrantes haitianos advierten que "casi con certeza morirá gente" si se pone fin al programa.

El estatus de protección temporal puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional si las condiciones en los países de origen son inseguras para el retorno debido a desastres naturales, inestabilidad política u otros peligros. Este estatus se concede por períodos de 18 meses y no proporciona una vía legal hacia la ciudadanía.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha terminado las protecciones para unos 600,000 venezolanos, 6,100 sirios, 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160,000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún.

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