Tribunal de apelaciones en EEUU reanuda las deportaciones rápidas de inmigrantes

Un tribunal federal de apelaciones autorizó el martes al gobierno del presidente Donald Trump a reiniciar la implementación de deportaciones rápidas para migrantes indocumentados en todo Estados Unidos, extendiendo su aplicación más allá de las áreas cercanas a la frontera.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, en una decisión dividida, revocó un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente el uso ampliado de la expulsión acelerada. Esta resolución representa una victoria significativa para el gobierno republicano, que considera esta medida como una herramienta crucial para llevar a cabo su política de deportaciones masivas.

Un abogado de los demandantes argumentó que la decisión "socava el principio fundamental de que las personas deben recibir el debido proceso cuando el gobierno intenta deportarlas".

"La presión del gobierno de Trump para llevar a cabo deportaciones rápidas someterá a las personas a un sistema que es injusto y propenso a errores", sostuvo en un comunicado Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Los jueces que formaron la mayoría en la decisión fueron nombrados por Trump, mientras que el tercero fue designado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Los demandantes no "demostraron que el proceso de expulsión acelerada niegue a sus miembros notificación y una oportunidad de ser escuchados", escribió el juez Justin R. Walker, uno de los designados por Trump.

La expulsión acelerada, que implica una deportación rápida sin la posibilidad de comparecer ante un juez, había sido aplicada previamente a migrantes que llegaban por mar o que eran detenidos en la frontera. En enero, Trump amplió su aplicación a migrantes indocumentados en todo el país, permitiendo que agentes de inmigración capturaran rápidamente a migrantes en los tribunales, donde habían acudido para trámites migratorios, y los expulsaran del país en cuestión de días.

La jueza federal de distrito Jia Cobb había dictaminado en agosto que los demandantes presentaron una "sólida demostración" de que la ampliación violaba los derechos de debido proceso de las personas, y emitió una orden de suspensión que dejó la política en pausa. Cobb fue nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden.

Muchos migrantes que residen en el interior de Estados Unidos han estado en el país por más de dos años, lo que los hace no elegibles para la expulsión acelerada según la ley federal. La jueza indicó que el gobierno no había desarrollado procedimientos para garantizar que ellos y otros grupos de migrantes no fueran deportados erróneamente bajo el proceso acelerado.

Los demandantes habían presentado "pruebas sustanciales" de que el proceso de expulsión acelerada conllevaba un alto riesgo de error cuando se aplicaba de manera más amplia, según Cobb, quien también citó ejemplos de personas que habían vivido en Estados Unidos por mucho más de dos años, pero aun así se ordenó su expulsión en procedimientos acelerados.

El gobierno de Trump apeló, argumentando que su ampliación era legal y que existían protecciones para evitar expulsiones arbitrarias. Abogados del Departamento de Justicia describieron el fallo de Cobb como un "error atroz" que privaba al gobierno de una "herramienta esencial para combatir el aumento sin precedentes de la inmigración ilegal en los últimos años" y para deportar de manera eficiente a una cantidad que podría ascender a millones de personas.

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