Smartmatic denuncia a Trump por impulsar proceso penal en su contra

MIAMI — La compañía de tecnología electoral Smartmatic ha presentado una solicitud para que se desestime una acusación penal por lavado de dinero, argumentando que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus aliados intentan que la empresa sea procesada como parte de una "campaña de represalias" contra quienes considera responsables de su derrota en las elecciones de 2020.

La empresa matriz de Smartmatic, SGO Corporation, con sede en el Reino Unido, fue añadida el otoño pasado a una acusación penal que ya incluía a varios ejecutivos por el pago de 1 millón de dólares en sobornos a funcionarios electorales en Filipinas.

En una moción presentada el martes para desestimar la acusación, los abogados de Smartmatic afirmaron que la compañía ha colaborado con el Departamento de Justicia desde que se enteró de la investigación en 2021, entregando millones de documentos y presentándose ante agentes federales. La empresa creía que el caso estaba resuelto a su favor, con una fecha de juicio ya establecida para los ejecutivos, incluido el cofundador Roger Pinate.

Sin embargo, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia cambió su enfoque y decidió presentar cargos contra Smartmatic. Los abogados de la empresa sostuvieron que esta decisión fue influenciada por las demandas del mandatario de procesar a quienes considera sus enemigos, así como por su "mantra" de que Smartmatic había manipulado las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden fue el ganador. Estas acusaciones son también el núcleo de una demanda por 2.700 millones de dólares que Smartmatic ha interpuesto contra aliados de Trump en los medios de comunicación.

Smartmatic argumentó en su escrito ante el tribunal federal de Miami que el proceso penal refuerza la "falsa narrativa colectiva" de que Trump no perdió las elecciones de 2020. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentarios.

Los abogados de Smartmatic compararon su situación con la de Kilmar Armando Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue acusado penalmente por conductas anteriores tras demandar exitosamente al gobierno de Trump por su deportación. Afirmaron que Smartmatic ha ejercido su derecho a responsabilizar legalmente a aquellos que han hecho declaraciones difamatorias que han afectado su negocio, colocándola en la mira de represalias.

El caso penal contra Smartmatic se relaciona con pagos realizados entre 2015 y 2018 para obtener un contrato con el gobierno filipino para ayudar en la organización de las elecciones presidenciales de 2016. Pinate, quien ya no trabaja para Smartmatic pero sigue siendo accionista, ha declarado su inocencia.

En agosto, como parte del caso, los fiscales solicitaron al tribunal permiso para presentar pruebas que demostrarían que los ingresos de un contrato de 300 millones de dólares con el condado de Los Ángeles fueron desviados a un "fondo opaco" controlado por Pinate, utilizando empresas fantasma y facturas falsas.

Los fiscales también acusaron a Pinate de sobornar a la exjefa electoral de Venezuela al entregarle una casa de lujo en Caracas, en un intento de reparar relaciones tras la salida abrupta de Smartmatic de Venezuela en 2017, cuando la empresa acusó al gobierno de Nicolás Maduro de manipular los resultados de las elecciones.

Smartmatic fue fundada hace más de dos décadas por un grupo de venezolanos que organizó elecciones bajo el mandato de Hugo Chávez, un defensor del voto electrónico. Posteriormente, la compañía se expandió a nivel global, proporcionando tecnología electoral en 25 países, desde Argentina hasta Zambia.

No obstante, Smartmatic ha indicado que su negocio ha caído drásticamente desde que Fox News se convirtió en un canal para que los abogados de Trump presentaran la empresa como parte de una conspiración para robar las elecciones de 2020. Aunque Fox argumentó que estaba informando sobre hechos noticiosos, eventualmente emitió un segmento que refutaba las acusaciones tras las quejas de Smartmatic. Sin embargo, ha defendido su posición en la demanda por difamación en Nueva York, alegando que la empresa enfrenta un colapso inminente por su propia mala conducta y no por la cobertura negativa.

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